Bogotá, 12 junio. — El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, denunció este miércoles que el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, pese al rechazo expreso del Senado, representa “un golpe frontal contra la democracia” y anticipó que llevará el caso ante la Justicia Constitucional.
“El denominado decretazo no es solo un acto arbitrario: es una violación flagrante del Estado de Derecho, un asalto directo a la Constitución de Colombia”, escribió Cepeda, líder del opositor Partido Conservador, en su cuenta de X. Señaló que el Gobierno ha “desconocido al Senado y al poder judicial”, y que sus actos se han desligado del marco legal.
El Senado se prepara para acudir a las Cortes
En respuesta al decreto presidencial, Cepeda anunció que el Senado interpondrá una demanda ante la Corte Constitucional, para exigir el respeto irrestricto a los procedimientos establecidos por la Carta Magna. “No cederemos ante la arbitrariedad”, afirmó, asegurando que el Legislativo defenderá su rol como pilar institucional del sistema democrático colombiano.
El contexto: choque entre poderes
El conflicto institucional se intensificó esta semana luego de que Petro firmara un decreto para convocar al pueblo colombiano a una consulta popular el 7 de agosto de 2025, con el fin de decidir sobre la reforma laboral, una de sus principales banderas de campaña. El mandatario justificó la decisión alegando que el Congreso ha bloqueado sistemáticamente su propuesta, y denunció que el Senado incurrió en irregularidades al rechazar la solicitud de consulta el pasado 14 de mayo.
La reforma laboral ya había sido rechazada en marzo, y la petición de convocar a consulta fue desestimada en mayo con 49 votos en contra y 47 a favor. No obstante, Petro sostiene que ese procedimiento fue inconstitucional y que la voluntad popular debe prevalecer.
En su mensaje en redes sociales, Petro declaró que el decreto de consulta “solo se derogará si el Congreso aprueba los puntos que se le preguntarán al pueblo”, lo que, en la práctica, lo condiciona a la aprobación legislativa de su texto original.
Juristas y sectores políticos advierten riesgo institucional
Las críticas no tardaron en llegar. Diversos sectores políticos y constitucionalistas alertaron que la competencia para autorizar una consulta popular reside exclusivamente en el Congreso, por lo que el decreto presidencial podría ser declarado inconstitucional.
Mientras tanto, el Senado sigue tramitando una versión alternativa de reforma laboral, que ya fue aprobada en tercer debate, aunque Petro ha manifestado que ese texto “desvirtúa” su propuesta original.
La tensión entre el presidente Petro y el Congreso marca un nuevo capítulo de inestabilidad institucional en Colombia, con un futuro incierto tanto para la reforma laboral como para los mecanismos democráticos del país. La Corte Constitucional será ahora el árbitro clave en esta disputa entre poderes.
