Bogotá, 12 junio. — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles el decreto que convoca a una consulta popular nacional el próximo 7 de agosto de 2025, con el objetivo de someter a votación ciudadana su reforma laboral, luego de que fuera rechazada por el Senado de la República en dos oportunidades.
La fecha elegida no es casual: marca el inicio del último año de Gobierno de Petro, quien busca legitimar su proyecto de reforma a través de la voluntad popular tras enfrentar múltiples obstáculos legislativos. El artículo 2 del decreto presidencial establece que la consulta será en todo el territorio colombiano y que los ciudadanos decidirán “si aprueban o rechazan” preguntas de trascendencia nacional relacionadas con el modelo laboral propuesto por el Ejecutivo.
Rechazo en el Congreso y acusaciones de “trampa”
El Senado rechazó en marzo pasado el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno, y el 14 de mayo negó también el permiso para convocar la consulta popular, con una votación de 49 votos en contra y 47 a favor. Petro denunció que dicha sesión parlamentaria estuvo viciada y la calificó de inconstitucional: “No puedo aplicar un acto inconstitucional, como lo fue la decisión del Senado del 14 de mayo”, argumentó en el decreto.
Desde la oposición se advirtió que este nuevo paso del presidente será demandado ante la Justicia, por considerar que el Ejecutivo está extralimitando sus funciones y vulnerando la separación de poderes. Varios juristas sostienen que una consulta popular debe contar con la autorización del Congreso, que es el órgano competente para ello.
Un “mensaje de diálogo”, según el Gobierno
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el decreto “no es una amenaza al Congreso”, sino una invitación al diálogo. “Se expide el decreto, pero también se dice que puede derogarse antes de la votación si el Congreso aprueba el mismo articulado que ya fue respaldado por la Cámara de Representantes”, dijo en declaraciones a la prensa.
Actualmente, el Senado tramita otro proyecto de reforma laboral —una versión más moderada— que ya ha superado el tercer debate. Sin embargo, Petro considera que esta nueva versión ha sido desnaturalizada y que solo aceptará que se suspenda la consulta popular si el Congreso aprueba exactamente el texto original que presentó su Gobierno.
Una tensión institucional en desarrollo
La decisión de Petro incrementa la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y también entre el presidente y la Corte Constitucional, a la que envió el decreto para su revisión. La Corte deberá determinar si el presidente puede avanzar con la convocatoria sin el aval del Congreso.
La consulta popular del 7 de agosto de 2025 se proyecta como uno de los momentos políticos más determinantes del mandato de Gustavo Petro. Más allá del contenido de la reforma laboral, el proceso pone a prueba los límites del poder presidencial en Colombia y plantea un precedente institucional de gran calado.
