Santiago de Chile, 23 agosto.- La reforma constitucional impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, para combatir el crimen organizado y el terrorismo ha generado preocupación entre sectores políticos y especialistas, debido a las facultades extraordinarias que otorgaría al mandatario y a las posibles restricciones de derechos fundamentales.
La iniciativa permitiría al presidente decretar, sin una consulta previa al Congreso, un estado de excepción de hasta ocho meses, durante el cual podrían limitarse derechos como la libre circulación, la reunión y la asociación, además de autorizar la intervención de comunicaciones.
El proyecto ingresó al Senado el pasado lunes, después de que el Gobierno lograra aprobar su controvertida reforma económica y tributaria, considerada una de sus principales iniciativas.
El abogado constitucionalista Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, cuestionó la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar al crimen organizado.
“La reforma no es en ningún caso necesaria para combatir al crimen organizado y el terrorismo en Chile. No hay nada en la Constitución chilena que impida los objetivos que la agenda de seguridad del Gobierno plantea”, afirmó a EFE.
El especialista en seguridad de la Universidad de Santiago Jorge Araya calificó como “absolutamente abusivas” las facultades contempladas en la propuesta y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema democrático.
“Ni siquiera durante el estallido social de 2019 el expresidente Sebastián Piñera declaró el estado de sitio, sino el estado de emergencia, algo mucho más que lo que se propone ahora”, señaló.
El Gobierno defiende facultades extraordinarias
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la reforma y aseguró que las nuevas herramientas estarían dirigidas a intervenir zonas donde operan organizaciones criminales o terroristas con una fuerte capacidad de resistencia a las autoridades.
“Necesitamos algunas facultades extraordinarias”, sostuvo durante una entrevista en el programa Tolerancia Cero, de CNN.
La propuesta forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla ocho modificaciones constitucionales. Paralelamente, el Ejecutivo impulsa otras 19 iniciativas legales que ya se encuentran en el Congreso y alrededor de una decena de propuestas adicionales.
Chile ha experimentado durante la última década un aumento de la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Según una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, el 96 % de los ciudadanos considera que el crimen organizado representa un peligro directo para la seguridad nacional.
Sin embargo, Araya sostuvo que las medidas planteadas por el Ejecutivo no abordan algunos de los principales problemas estructurales.
“Lo más efectivo no está en la agenda”, afirmó, al cuestionar el que considera un intento del Gobierno por demostrar resultados en materia de seguridad sin priorizar un aumento de recursos para fortalecer las instituciones.
Expertos advierten sobre concentración de poder
Los constitucionalistas consultados por EFE consideran que la reforma representa una propuesta sin precedentes desde el retorno de la democracia chilena, debido al nivel de poder que podría concentrarse en el Ejecutivo.
Couso consideró que el proyecto es “sustancialmente peligroso para la democracia”, al permitir que el presidente disponga de poderes muy amplios sin requerir el acuerdo del Congreso.
El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Diego Pardo también advirtió que la iniciativa “tensiona el principio democrático” cuando concentra atribuciones en el Ejecutivo sin suficientes contrapesos parlamentarios y temporales.
Una de las principales preocupaciones está relacionada con la interceptación de comunicaciones, ya que el proyecto no establecería la necesidad de una orden judicial para aplicar esta medida.
Pardo recordó que una herramienta similar fue utilizada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) contra opositores políticos durante la dictadura chilena, por lo que consideró especialmente preocupante la ausencia de controles judiciales.
Kast respondió esta semana a las críticas y defendió su compromiso con el sistema democrático.
“¿En algún momento, quien habla no ha respetado los resultados electorales, lo que ha dicho la ciudadanía en un ejercicio democrático? No”, afirmó. También rechazó haber utilizado alguna facultad para “socavar el régimen democrático”.
Críticas al proyecto por “populismo constitucional”
El abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile Francisco Zúñiga calificó la iniciativa como un caso de “populismo constitucional”, al considerar que se presenta como una solución rápida al problema de la inseguridad.
“Es un riesgo para el sistema democrático republicano y para el aseguramiento de derechos y sus garantías”, afirmó.
La reforma comenzará a discutirse formalmente a inicios de septiembre. El Gobierno mantiene conversaciones con distintos sectores del Congreso ante las diferencias que la iniciativa ha generado incluso dentro del oficialismo y entre parlamentarios de derecha, por lo que el texto podría experimentar modificaciones antes de avanzar en su tramitación.
