Santiago de Chile, 13 agosto.- El Gobierno de Chile trasladó este jueves a 191 presos, entre ellos líderes e integrantes de organizaciones del crimen organizado, a la cárcel La Laguna, en Talca, donde estarán sometidos a un régimen de mayor seguridad y vigilancia.
El operativo, denominado “Cancerbero”, busca separar a los reclusos considerados de mayor peligrosidad del resto de la población penitenciaria y reforzar el control estatal dentro de las cárceles.
Las autoridades consideran el penal, ubicado en la región del Maule, como uno de los centros penitenciarios más modernos de Sudamérica, debido a su infraestructura y a la incorporación de sistemas tecnológicos destinados a reforzar la seguridad.
De los 191 internos trasladados, 37 pertenecen a estructuras del crimen organizado, incluidos nueve líderes y 28 integrantes de esas organizaciones. Los otros 154 fueron clasificados como presos con un alto compromiso delictual, informó el Ministerio de Justicia.
El presidente chileno, José Antonio Kast, supervisó el operativo desde el centro penitenciario y aseguró que se trata de un paso importante en la estrategia de seguridad de su Gobierno.
“Este es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario”, afirmó Kast.
El mandatario anunció además que durante los próximos días continuará la ocupación del complejo penitenciario y señaló que este jueves serán trasladados en total 400 internos.
Cárcel con aislamiento y bloqueo de señales
El traslado desde el Centro de Justicia de Santiago hacia Talca se realizó mediante cuatro autobuses, bajo la custodia de Gendarmería de Chile y con apoyo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
El operativo fue transmitido en directo por los canales oficiales del Gobierno, con imágenes obtenidas desde helicópteros de vigilancia, una decisión que generó críticas y polémica debido a la exposición pública de un procedimiento de seguridad penitenciaria.
Los internos están siendo reubicados desde distintos centros penitenciarios del norte, centro y sur del país, incluidos establecimientos de Arica y Parinacota, Tarapacá, la Región Metropolitana y Los Lagos.
La cárcel La Laguna fue inaugurada en 2025 durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric y cuenta con un sistema especial de segregación y vigilancia.
Entre las medidas previstas se encuentra el bloqueo de señales telefónicas para impedir comunicaciones no autorizadas desde el interior del recinto.
Kast explicó que el nuevo régimen contempla medidas como el uso obligatorio de uniformes para los presos de alta peligrosidad, restricciones a las encomiendas y visitas mediante locutorios.
“No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, afirmó el presidente.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que el objetivo es impedir que los líderes criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.
“Los cabecillas criminales no van a convertir las cárceles en sus oficinas ni seguir dando órdenes desde una celda. En las cárceles manda el Estado, no los criminales”, afirmó.
Chile enfrenta una creciente presión penitenciaria
Chile cuenta actualmente con cerca de 65.000 personas privadas de libertad, según cifras entregadas por Arrau, la cifra más alta registrada en la historia del país.
El sistema penitenciario dispone de unas 42.000 plazas, una diferencia que genera presión sobre la infraestructura y limita la capacidad de separar adecuadamente a los internos según su nivel de peligrosidad.
Además, un informe oficial publicado en 2024 señaló que al menos 600 organizaciones criminales operan desde las cárceles chilenas.
El complejo penitenciario La Laguna ocupa una superficie superior a 63.500 metros cuadrados, dispone de 14 módulos de reclusión y tiene capacidad máxima para 2.320 internos. Está situado aproximadamente a 10 kilómetros al norte del centro de Talca.
Kast impulsa una nueva estrategia contra el crimen organizado
El establecimiento de un nuevo régimen penitenciario y de máxima seguridad forma parte de las promesas de campaña de Kast, quien busca endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
La semana pasada, el mandatario anunció una propuesta de reforma constitucional y una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla nuevas medidas destinadas a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y la delincuencia.
El Gobierno sostiene que el control efectivo de las cárceles constituye un elemento fundamental para impedir que las bandas criminales continúen coordinando actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.
