Ceuta, 6 agosto 2026.- Una semana después de la entrada masiva de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, la ciudad autónoma de Ceuta intenta recuperar la normalidad, aunque las autoridades locales aseguran que todavía permanecen en su territorio entre 3.000 y 5.000 migrantes en situación irregular, mientras crece la preocupación por la presencia de más de un millar de menores no acompañados.
Los hechos ocurridos el 30 de julio en el paso fronterizo del Tarajal recordaron la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas accedieron a la ciudad en pocos días. Sin embargo, esta vez el episodio tuvo un impacto más grave debido al elevado número de fallecidos registrados durante el intento de entrada.
El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibió 80 cadáveres, mientras Marruecos confirmó otras 11 muertes en su territorio. Hasta ahora, solo dos personas han podido ser identificadas mediante huellas dactilares al contar con registros previos en España.
Ceuta denuncia una situación excepcional
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), calificó lo ocurrido como una “invasión” y afirmó que no se trató únicamente de una crisis migratoria, sino de un episodio que puso en riesgo la integridad territorial de Ceuta y España.
Según las autoridades locales, cerca del 90 % de las personas que ingresaron regresaron progresivamente a Marruecos al comprobar que la ciudad había cerrado temporalmente comercios, bares y restaurantes, lo que dificultaba el acceso a alimentos y servicios básicos.
Los migrantes que permanecen en Ceuta se encuentran principalmente en zonas periféricas, áreas costeras de difícil acceso y zonas montañosas.
Más de mil menores en situación vulnerable
Uno de los principales desafíos para la recuperación de la normalidad es la situación de los menores migrantes no acompañados.
Hasta este jueves, las autoridades habían registrado oficialmente a 528 menores, aunque el Gobierno ceutí estima que la cifra real supera los 1.000 niños y adolescentes pendientes de identificación.
La Ciudad Autónoma, responsable de su tutela, ha solicitado ayuda al resto de comunidades autónomas españolas debido a la saturación de sus centros de acogida.
Ceuta asegura que actualmente atiende a unos 1.107 menores, cuando su capacidad ordinaria sería de apenas 29 plazas, lo que supone una sobreocupación superior al 2.600 %.
Para afrontar la emergencia se habilitaron instalaciones temporales gestionadas por organizaciones sociales como Samu y Engloba, mientras se espera la aplicación de los mecanismos de distribución de menores hacia la península.
Impacto económico y cierre de negocios
La crisis también tuvo consecuencias económicas para la ciudad. Comercios, bares y restaurantes permanecieron cerrados durante el 30 y 31 de julio ante el temor a incidentes de seguridad.
La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta han solicitado al Estado ayudas económicas para compensar las pérdidas sufridas por empresas y trabajadores autónomos que no pudieron abrir sus negocios durante esos días.
Debate político por la gestión de la crisis
La situación migratoria abrió un nuevo enfrentamiento político en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta un día después de la entrada masiva junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Posteriormente acudieron a la ciudad el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el dirigente de Vox, Santiago Abascal.
El debate político se centra ahora en si el Gobierno tenía información previa sobre la llegada masiva y si respondió con suficiente rapidez, además de en la gestión futura de los menores no acompañados y su posible traslado a otras comunidades autónomas.
