Ottawa, 6 Agosto.- Canadá puso oficialmente en funcionamiento el Registro de Actividades de Influencia Extranjera, una nueva herramienta destinada a fortalecer la transparencia sobre las gestiones realizadas en nombre de gobiernos u organizaciones extranjeras para influir en las decisiones políticas del país.
La medida entra en vigor casi dos años después de la aprobación de la Ley contra la Injerencia Extranjera, impulsada tras una comisión de investigación que concluyó que actores extranjeros interfirieron en las elecciones federales de 2019 y 2021.
A partir de ahora, cualquier persona que actúe en representación de un gobierno, empresa u organización extranjera con el propósito de influir en funcionarios electos o autoridades federales, provinciales o municipales deberá inscribirse en un registro público administrado por la nueva Oficina del Comisionado para la Transparencia sobre la Influencia Extranjera.
Quienes incumplan esta obligación podrán enfrentar sanciones que alcanzan hasta un millón de dólares canadienses.
Anton Boegman dirigirá el nuevo organismo
El Gobierno canadiense nombró oficialmente a Anton Boegman como el primer comisionado encargado de supervisar el registro y garantizar el cumplimiento de la legislación.
Boegman, quien anteriormente fue director electoral de Columbia Británica, explicó que el nuevo sistema no está diseñado para descubrir operaciones clandestinas de espionaje o de influencia encubierta, sino para ofrecer mayor transparencia sobre las actividades legítimas de representación extranjera.
Según el funcionario, el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer qué gobiernos u organizaciones extranjeras intentan influir en las políticas públicas canadienses y de qué manera lo hacen.
Diferencia entre influencia e injerencia
El comisionado subrayó que existe una diferencia entre la influencia extranjera, que será supervisada por su oficina, y la injerencia extranjera, relacionada con actividades ilegales destinadas a interferir en las decisiones del Estado canadiense.
En los casos en que se detecten posibles actos de injerencia, la información será remitida a los organismos competentes, entre ellos la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y las agencias nacionales de inteligencia y seguridad.
Las comunidades indígenas quedaron fuera por ahora
Aunque el proyecto de ley original contemplaba incluir los intentos de influir sobre dirigentes de comunidades indígenas, esa disposición finalmente no fue incorporada al reglamento que entró en vigor.
Boegman explicó que el Gobierno consideró necesario realizar un proceso adicional de consultas con los pueblos indígenas antes de extender la aplicación de la normativa a esos líderes.
Expertos en seguridad habían advertido anteriormente que algunas comunidades indígenas, especialmente en el norte del país, podrían convertirse en objetivos de operaciones de influencia o injerencia extranjera.
Con la entrada en funcionamiento del registro, Canadá busca aumentar la transparencia en las relaciones entre representantes extranjeros y funcionarios públicos, al tiempo que refuerza las herramientas para proteger sus instituciones democráticas frente a posibles intentos de influencia externa.
