Madrid, 15 junio.- España se mantiene como el tercer país de la Unión Europea que más solicitudes de asilo recibe, solo por detrás de Alemania y Francia, pero también figura entre los Estados con menor tasa de reconocimiento de protección internacional, con apenas un 11 % de resoluciones favorables, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El estudio, presentado con motivo del Día Mundial del Refugiado, señala que en 2025 España recibió 144.396 peticiones de asilo, lo que supone un descenso del 13,7 % respecto al año anterior, rompiendo la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos años. (La Moncloa)
Según CEAR, esta caída estaría relacionada con la llamada externalización de fronteras, así como con el nuevo Reglamento de Extranjería, que limita el acceso a la regularización para personas cuya solicitud de asilo sea rechazada, generando situaciones de “irregularidad sobrevenida”.
El informe alerta además de un fuerte aumento de expedientes archivados, que alcanzaron las 16.991 solicitudes en 2025, un incremento del 179,8 % interanual, lo que la organización interpreta como un posible efecto disuasorio del sistema actual.
Por nacionalidades, Venezuela continúa encabezando las solicitudes, representando alrededor del 59 % del total, mientras que países como Colombia, Perú y Senegal han registrado descensos significativos. En contraste, aumentan las peticiones procedentes de Mali, Palestina, Guinea Conakry y Somalia.
En el plano europeo, España sigue por debajo de la media de la Unión Europea en concesión de asilo, donde la tasa global de reconocimiento se sitúa en torno al 34 %, muy por encima del 11 % español, lo que la coloca entre los países con menor protección efectiva del continente.
CEAR también advierte de un incremento de la vulnerabilidad de las personas que llegan por vía marítima, con casos de graves problemas de salud, traumas psicológicos y situaciones extremas derivadas de las travesías migratorias.
Otro de los principales obstáculos señalados en el informe es el acceso a la vivienda, que se ha convertido en una de las mayores barreras para la integración de las personas refugiadas en España, junto con dificultades en el acceso a ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital.
El activista colombiano Luis Carlos Agudelo, citado en la presentación del informe, criticó la clasificación de su país como “seguro” dentro de la Unión Europea, al considerar que no refleja la realidad de un conflicto interno prolongado.
CEAR concluye que el sistema de asilo español enfrenta una tensión creciente entre el aumento de solicitudes y la reducción del reconocimiento efectivo, y pide una revisión de las políticas migratorias para garantizar el cumplimiento del derecho internacional de protección.
