Madrid, 10 mar — El Gobierno de España aprobó este martes en Consejo de Ministros de España un real decreto que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la atención sanitaria pública para personas extranjeras sin residencia legal, una medida que busca ampliar el acceso al sistema de salud financiado con fondos públicos.
La nueva normativa permitirá que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder a la sanidad mediante una declaración responsable, en la que deberán acreditar que no cuentan con cobertura sanitaria por otra vía. La residencia en el país podrá demostrarse a través del empadronamiento o, en su defecto, mediante documentos como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes emitidos por servicios sociales.
Acceso inmediato a la atención sanitaria
Según explicó el Ministerio de Sanidad de España, la solicitud generará automáticamente un documento provisional que permitirá acceder a la atención médica desde el primer momento, mientras se tramita el expediente administrativo.
La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud. Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, el derecho se considerará concedido mediante silencio administrativo positivo cuando el trámite haya sido iniciado por el propio solicitante.
Una vez reconocido el derecho a la asistencia sanitaria, no tendrá fecha de caducidad, siempre que la persona beneficiaria no obtenga cobertura por otra vía.
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que la medida busca evitar situaciones que se producían hasta ahora. “Así evitamos que alguien sea atendido y luego reciba una factura simplemente por no haber realizado previamente el trámite administrativo”, señaló.
Procedimiento de oficio en casos de urgencia
El decreto también establece que las administraciones sanitarias deberán iniciar el procedimiento de oficio cuando una persona no pueda realizar la solicitud en el momento de recibir atención médica.
Además, la norma amplía el acceso a la sanidad pública a españoles residentes en el exterior y sus familiares durante estancias temporales en España, siempre que no dispongan de cobertura mediante convenios internacionales o por la legislación de seguridad social.
En caso de que la solicitud sea finalmente denegada, las autoridades podrán facturar las atenciones médicas recibidas. Sin embargo, no se aplicará ningún cobro si posteriormente se demuestra que el paciente cumplía los requisitos en el momento de recibir la asistencia.
Protección sanitaria para colectivos vulnerables
La normativa reconoce también el derecho a asistencia sanitaria inmediata para determinados colectivos vulnerables, independientemente de su situación administrativa.
Entre ellos se incluyen:
- Menores de edad
- Mujeres embarazadas
- Víctimas de violencia de género o sexual
- Personas víctimas de trata o explotación
- Solicitantes de asilo o protección internacional
- Personas que soliciten el estatuto de apátrida
Asimismo, el decreto reconoce explícitamente el derecho de mujeres extranjeras no residentes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.
Igualdad de cobertura en todo el país
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que la nueva normativa busca unificar los criterios en todo el territorio nacional.
“Este real decreto iguala la cobertura sanitaria en toda la geografía española y elimina diferencias que hasta ahora dependían de cada comunidad autónoma”, señaló.
Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que la medida permitirá reducir desigualdades y mejorar el control de enfermedades desde la atención primaria, además de favorecer un uso más eficiente de los recursos del sistema sanitario.
Cambios en el copago de prótesis y ortopedia
El decreto también introduce modificaciones en el sistema de copago de la prestación ortoprotésica dentro del Sistema Nacional de Salud de España.
A partir de ahora, las personas que estén exentas de pagar medicamentos por su nivel de renta o situación de vulnerabilidad también quedarán automáticamente exentas de pagar prótesis u otros productos ortopédicos.
Con esta medida, el Gobierno busca simplificar el sistema y garantizar que las personas con menos recursos no tengan que asumir costes adicionales al acceder a tratamientos médicos esenciales.
