OTTAWA, 6 Marzo — La Corte Suprema de Canadá ordenó al gobierno de Quebec modificar su Reglamento de Contribución Reducida (RCR), estableciendo que todos los solicitantes de asilo, incluso aquellos que no cuentan con permiso de trabajo, deben tener acceso a las guarderías subvencionadas y centros de cuidado infantil de la provincia. El fallo, emitido la mañana del viernes tras diez meses de deliberaciones, pone fin a una larga batalla judicial que se ha extendido durante casi una década y representa un cambio significativo en la política de acceso a los servicios de cuidado infantil en Quebec.
La decisión del máximo tribunal del país amplía el acceso al sistema público de cuidado infantil más allá de lo que habían determinado tribunales inferiores en años anteriores. Mientras que fallos previos habían establecido que los solicitantes de asilo con permiso de trabajo debían poder acceder al programa de contribución reducida, la sentencia definitiva establece que todos los solicitantes de asilo, independientemente de su estatus laboral, tienen derecho a beneficiarse del sistema.
El fallo constituye la tercera derrota judicial para el gobierno de Quebec en este litigio. En mayo de 2022, el Tribunal Superior ya había fallado contra la provincia, y posteriormente el Tribunal de Apelación reafirmó esa decisión en febrero de 2024. No obstante, el veredicto de la Corte Suprema va aún más lejos al eliminar completamente la distinción entre solicitantes de asilo con o sin permiso de trabajo para acceder al programa de cuidado infantil subvencionado.
La controversia legal se remonta a 2018, durante el gobierno liberal de Quebec, cuando una directiva administrativa indicó a guarderías y centros de cuidado infantil que el reglamento debía interpretarse de manera que excluyera a los solicitantes de asilo del sistema de contribución reducida. La medida provocó inmediatamente reacciones legales por parte de abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentaron que la interpretación del reglamento era discriminatoria.
Desde entonces, el caso evolucionó a través de múltiples instancias judiciales. Con el paso del tiempo, los solicitantes de asilo que sí poseían permisos de trabajo recuperaron el acceso al sistema, pero el conflicto legal persistía para aquellos que aún no habían obtenido autorización laboral. La sentencia del viernes resuelve finalmente esa cuestión.
El tribunal supremo no alcanzó unanimidad en su decisión. La jueza Suzanne Côté expresó su desacuerdo con la mayoría, argumentando que hubiera sido más apropiado aceptar la apelación presentada por Quebec y revertir los fallos de las cortes inferiores.
El tema ha generado un intenso debate político en Quebec, especialmente en un contexto donde la red pública de guarderías continúa enfrentando una fuerte presión por la demanda. Según cifras oficiales, al 31 de diciembre de 2025 el sistema contaba con 253.185 plazas subvencionadas, mientras que 30.688 niños permanecían en listas de espera en toda la provincia.
Las estadísticas también muestran la magnitud del fenómeno migratorio en Quebec. De acuerdo con estimaciones de Statistics Canada, al 1 de octubre había 190.163 solicitantes de asilo en la provincia, de los cuales aproximadamente 127.238 contaban con permiso de trabajo.
La ministra de Familias de Quebec reaccionó con cautela al fallo del tribunal, recordando que la provincia ha recibido casi el 40 % de los solicitantes de asilo que llegan a Canadá, una proporción que duplica su peso demográfico dentro del país.
Mientras tanto, el fallo también ha influido en el debate político dentro de la provincia. Algunos dirigentes de la Coalición Avenir Québec han planteado la posibilidad de recurrir a la cláusula de excepción de la Constitución canadiense para garantizar que las plazas en la red pública se asignen prioritariamente a los hijos de ciudadanos quebequenses.
Sin embargo, en la práctica, el sistema de contribución reducida no establece actualmente este tipo de prioridades. El programa otorga acceso en igualdad de condiciones a ciudadanos canadienses, residentes permanentes, trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Los centros de cuidado infantil y guarderías subvencionadas sí pueden definir ciertos grupos prioritarios al momento de asignar plazas. No obstante, desde la aprobación de la Ley 95 el año pasado, estas instituciones tienen prohibido utilizar el estatus migratorio de los padres como criterio de selección, lo que limita las posibilidades de discriminar entre diferentes categorías de usuarios.
La sentencia de la Corte Suprema no solo cierra una disputa jurídica de largo plazo, sino que también obliga a Quebec a revisar sus políticas de acceso al sistema de cuidado infantil, en medio de un contexto de creciente presión migratoria y de una red pública que todavía lucha por satisfacer la demanda existente.
