Nueva York, 4 de marzo de 2026.– El Gobierno de Estados Unidos abrió este martes su ofensiva judicial contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, al asegurar ante un jurado federal que ambas compañías han monopolizado la industria de los conciertos, perjudicando a artistas y consumidores con precios más altos y menor competencia.
El juicio civil, que se desarrolla en un tribunal federal de Manhattan, podría desembocar en la fragmentación de la empresa si el jurado determina que violó las leyes antimonopolio.
El Gobierno: “La industria está estropeada”
David Dahlquist, abogado de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, afirmó en su alegato inicial que el caso gira en torno al “poder de un monopolista para controlar la competencia”.
“Hoy, la industria de boletos para conciertos está estropeada”, sostuvo el abogado, al explicar que Estados Unidos y 39 estados buscan que el jurado ponga fin al supuesto monopolio y restablezca un mercado competitivo que beneficie a artistas y consumidores.
La demanda, presentada en 2024, acusa a las compañías de dominar el sector mediante prácticas que asfixian a competidores y controlan toda la cadena del negocio, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.
La defensa: “No tenemos poder de monopolio”
En representación de las empresas, el abogado David Marriott rechazó categóricamente las acusaciones.
“Dejaremos que los números hablen por sí solos. No tenemos poder de monopolio”, afirmó ante el tribunal.
El juez federal Arun Subramanian indicó al jurado que durante las próximas seis semanas se presentarán pruebas antes de que deban decidir si Live Nation y Ticketmaster violaron la legislación antimonopolio.
El antecedente Taylor Swift
Durante su exposición, Dahlquist recordó la polémica generada en noviembre de 2022 cuando el sitio web de Ticketmaster colapsó durante la preventa de la gira de Taylor Swift.
La empresa argumentó entonces que la plataforma fue desbordada tanto por fanáticos como por bots que intentaban acaparar boletos para revenderlos en mercados secundarios. El incidente provocó audiencias en el Congreso y dio pie a iniciativas legislativas estatales para reforzar la protección al consumidor.
Contratos a largo plazo y exclusividad
El Gobierno sostiene que Live Nation utiliza contratos de entre cinco y siete años para impedir que los recintos trabajen con competidores o adopten sistemas de venta múltiple, lo que —según la acusación— restringe artificialmente la competencia.
La controversia entre Ticketmaster y artistas no es nueva. En 1994, la banda Pearl Jam denunció públicamente a la compañía por sus tarifas, aunque el Departamento de Justicia finalmente no presentó cargos en aquel entonces.
La defensa destaca su impacto en la industria
Live Nation insiste en que los precios y los métodos de venta los determinan los artistas y sus equipos. Según Marriott, en 2025 la compañía facilitó que 159 millones de personas asistieran a 55.000 conciertos de 11.000 artistas en todo el mundo.
También rechazó las cifras presentadas por el Gobierno sobre las ganancias por entrada, señalando que si bien Ticketmaster puede recibir alrededor de cinco dólares por boleto, menos de dos quedarían como beneficio tras cubrir gastos operativos.
“Live Nation y Ticketmaster se dedican a alegrarle la vida a la gente”, concluyó el abogado.
El veredicto del jurado podría redefinir el funcionamiento de la industria global del entretenimiento en vivo y marcar un precedente clave en la política antimonopolio de Estados Unidos.
