Chile Chico (Aysén), 8 feb.— El ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció en entrevista con EFE la creciente preocupación del Estado chileno ante el impacto que la captura de Nicolás Maduro podría tener en la dinámica migratoria y, especialmente, en la reconfiguración del crimen organizado transnacional en América Latina. El funcionario advirtió que la caída del líder chavista no implica automáticamente un debilitamiento de las mafias, sino todo lo contrario: podría acelerar su readaptación y expansión internacional.
“Es estratégico mantener un monitoreo permanente de lo que ocurre en Venezuela y en la región, porque las organizaciones criminales se readaptan rápidamente y continúan prestando servicios delictivos no solo en América Latina, sino también en Europa y Oceanía”, afirmó Cordero desde la región austral de Aysén, donde acompañó al presidente Gabriel Boric en una de sus últimas giras antes de dejar el poder.
Venezuela, señalada como el principal obstáculo regional
El ministro subrayó que existe un consenso entre los gobiernos latinoamericanos sobre la necesidad de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, independientemente de su orientación ideológica. Sin embargo, apuntó directamente a Venezuela como el gran cuello de botella en esta estrategia regional.
“Desarticular una organización criminal en un país beneficia al resto de la región. El principal problema que enfrentamos es la falta de colaboración con Venezuela”, sostuvo Cordero, dejando en evidencia el vacío institucional y diplomático que ha dificultado la cooperación policial y judicial en los últimos años.
Tras las elecciones venezolanas de 2024, calificadas como fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, Caracas rompió unilateralmente relaciones con varios países latinoamericanos, entre ellos Chile. Esta decisión, según el ministro, eliminó los ya limitados canales de cooperación e impide incluso la expulsión de ciudadanos venezolanos con antecedentes criminales hacia su país de origen.
El Tren de Aragua y su expansión en Chile
Uno de los focos centrales de preocupación para el Gobierno chileno es el Tren de Aragua, la organización criminal nacida en cárceles venezolanas y hoy extendida por gran parte del continente. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 600 presos en Chile están vinculados a redes criminales internacionales, en su mayoría relacionadas con esta banda.
La falta de cooperación desde Caracas ha convertido la lucha contra estas estructuras en un desafío asimétrico, donde los Estados receptores de migración enfrentan el peso de un fenómeno criminal exportado desde un país sin institucionalidad funcional, según reconocen fuentes de seguridad en la región.
Resultados en cifras, pero con desconfianza ciudadana
Cordero defendió la estrategia del Ejecutivo chileno, asegurando que el combate al crimen organizado se ha realizado dentro del Estado de derecho, sin recurrir a poderes excepcionales. “Chile ha demostrado que con estrategias institucionales se obtienen resultados”, afirmó.
Como balance de su gestión, destacó que la tasa de homicidios descendió de 6,7 por cada 100.000 habitantes en 2022 —el nivel más alto registrado— a 5,4 en 2025, mientras que el ingreso de migrantes irregulares cayó un 54 % entre 2021 y 2025. Además, la llamada violencia rural en el sur del país se redujo en un 80 %, aunque a costa de mantener un estado de excepción permanente durante todo el mandato.
No obstante, el ministro admitió una de las grandes debilidades de la gestión: la percepción de inseguridad no ha disminuido, un fenómeno que refleja la desconexión entre las cifras oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. “Las principales víctimas de la inseguridad son las personas más vulnerables”, reconoció.
Seguridad, un bien público en disputa política
A pocas semanas del cambio de gobierno, Cordero también se refirió al discurso del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el 11 de marzo tras ganar las elecciones con una promesa de mano dura contra la delincuencia y la migración. Kast ya anunció como futura ministra de Seguridad a Trinidad Steinert, exfiscal especializada en crimen organizado y migración, y ha reforzado su mensaje visitando la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador y la valla fronteriza de Víctor Orbán en Hungría.
“Hay un relato con el que se ganó la elección, pero que corre el riesgo de chocar con los datos”, advirtió Cordero, en alusión a la narrativa de que Chile “se cae a pedazos”. Según el ministro saliente, el nuevo gobierno recibirá un modelo de gestión en seguridad y resultados concretos que no existían al inicio del actual mandato.
En su reflexión final, Cordero defendió una visión de la seguridad como bien público esencial, criticando la incapacidad histórica del Estado para transmitir tranquilidad a la población. “La distribución no es solo de rentas, también es de bienes públicos. Proveer seguridad es, en el fondo, proveer tranquilidad”, concluyó, en un contexto regional marcado por la crisis venezolana, la expansión del crimen organizado y la debilidad de la cooperación internacional.
