Milán, Italia | 7 de febrero de 2026 – Miles de personas tomaron este sábado las calles de Milán para protestar contra el impacto ambiental, social y económico de los Juegos Olímpicos de Invierno, en una movilización que evidenció el creciente rechazo ciudadano a un evento que, lejos de unir, ha profundizado la fractura entre las instituciones y la población local. La manifestación, convocada por el Comité Olimpiadas Insostenibles, reunió a unas 5.000 personas y terminó con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La protesta recorrió el trayecto entre Porta Romana y Corvetto, evitando deliberadamente las zonas olímpicas, y contó con el respaldo de organizaciones estudiantiles, colectivos ecologistas y movimientos vecinales. Los asistentes portaron pancartas con consignas como “Montañas libres” y símbolos de árboles de cartón, en denuncia directa a la deforestación autorizada por el Estado para levantar infraestructuras deportivas.
Las críticas apuntaron al uso masivo de nieve artificial, a la destrucción del entorno alpino y a un modelo urbano que, según los manifestantes, ha convertido a Milán en una ciudad cada vez más inaccesible para sus propios habitantes. El aumento del coste de la vivienda, la llegada de capital especulativo y la expulsión de residentes históricos han sido, denuncian, consecuencias directas de una planificación gubernamental orientada al turismo de élite.
“Estos Juegos se venden como sostenibles, pero son un fraude ambiental y social”, afirmó a AFP Francesca Missana, de 29 años. En la misma línea, Alberto di Monte, uno de los organizadores de la marcha, acusó al Gobierno italiano de priorizar miles de millones en carreteras e infraestructuras olímpicas en lugar de invertir en la protección real de las montañas y en servicios públicos para la población local. “Milán ha sido transformada en un parque temático para turistas”, sentenció.
La jornada se tornó tensa cuando la policía utilizó camiones hidrantes y material antidisturbios para dispersar a los manifestantes, en un despliegue de fuerza que fue ampliamente criticado por su desproporción. El ambiente ya estaba caldeado tras los disturbios registrados la semana anterior en Turín, donde más de un centenar de agentes resultaron heridos en protestas similares.
Otro foco de indignación fue la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dentro del dispositivo de seguridad de la delegación estadounidense. Carteles como “Menos ICE, más glaciares” denunciaron lo que los manifestantes consideran una militarización innecesaria y simbólicamente provocadora del evento.
En paralelo, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes, encabezado por Matteo Salvini, informó de un grave sabotaje ferroviario en el norte de Italia, con cables cortados, incendios y un artefacto explosivo en estaciones clave como Bologna y Pesaro. Los incidentes provocaron retrasos de hasta 150 minutos y afectaron a miles de viajeros. Aunque el Ejecutivo insinuó la posible implicación de grupos anarquistas vinculados a la protesta olímpica, no se han presentado pruebas concluyentes, lo que ha generado críticas por el uso político del suceso.
Salvini calificó los hechos como de “gravedad inaudita” y los comparó con incidentes ocurridos durante los Juegos Olímpicos de París 2024, insistiendo en un discurso que, para muchos analistas, busca criminalizar la disidencia social en lugar de atender las causas del descontento.
La ceremonia inaugural se celebró el viernes en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro), con la presencia del presidente Sergio Mattarella y un despliegue artístico de gran escala. Esta edición de los Juegos cuenta con 93 delegaciones internacionales y una extensión territorial sin precedentes: 22.000 kilómetros cuadrados de los Alpes italianos, un dato que ha reforzado el debate sobre su impacto ambiental real.
Mientras el Gobierno defiende el legado económico y la proyección internacional del evento, las protestas de Milán dejan claro que una parte creciente de la ciudadanía percibe los Juegos como un proyecto impuesto desde arriba, financiado con recursos públicos y pagado con el deterioro ambiental y social del país.
