Bogotá, 19 de enero.- Un tribunal colombiano condenó a 40 años de prisión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 hechos delictivos cometidos por estructuras armadas bajo su mando contra pueblos indígenas del departamento caribeño de La Guajira entre 2002 y 2006, informó este lunes la Fiscalía General de la Nación. Según la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuu, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras conductas ilícitas siguiendo lineamientos definidos por los cabecillas del grupo, entre ellos Mancuso.
Mancuso, uno de los principales jefes de las AUC antes de su desmovilización en 2006, comandó la organización paramilitar en el norte del país durante el conflicto armado colombiano y fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico.
La Fiscalía señaló que a Mancuso “se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia (La Guajira)”, ataque en el que “varios indígenas wayuu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas y se les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas”. Asimismo, el alto tribunal responsabilizó al grupo comandado por Mancuso del homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, también en Uribia.
De acuerdo con el ente investigador, el Frente Contrainsurgencia Wayuu fue creado en marzo de 2002, llegó a contar con unos 150 integrantes y permitió a las AUC extender su accionar armado a zonas estratégicas de La Guajira, en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por estos hechos, Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, a una multa cercana a los 14 millones de dólares y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, el fallo establece que podrá acceder a una pena alternativa de hasta ocho años de cárcel si cumple los compromisos de verdad, reparación y no repetición contemplados en la Ley de Justicia y Paz.
El exjefe paramilitar regresó a Colombia en febrero del año pasado tras cumplir su condena en Estados Unidos, con el objetivo de responder ante la justicia transicional por los crímenes cometidos durante su jefatura de las AUC. Su situación adquirió mayor relevancia en el debate público después de que, en noviembre de 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo designara como gestor de paz, junto a otros exjefes paramilitares, una figura que les permite actuar como facilitadores en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos armados, sin implicar beneficios judiciales.
Sin embargo, esta designación fue demandada ante el Consejo de Estado por la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la falta de controles y de participación de las víctimas, y advirtió que otorgar un rol institucional a responsables de crímenes de lesa humanidad podría afectar la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos.