Calgary (Canadá), 8 enero.- Una jueza de la ciudad de Calgary, en la provincia canadiense de Alberta, condenó esta semana a tres propietarios de restaurantes a penas de prisión por abuso económico, fraude y explotación laboral contra empleados inmigrantes, en un caso que ha vuelto a poner el foco sobre los abusos dentro del programa de trabajadores extranjeros temporales en Canadá.
Los condenados, Manikandan Kasinathan, Chandramohan Marjak y Mary Roche, copropietarios de los restaurantes Marina Dosa y Tandoori Grill, fueron sentenciados a 90 días de cárcel cada uno, pena que cumplirán los fines de semana, tras ser declarados culpables de fraude superior a 5.000 dólares. Además, deberán cumplir 18 meses de libertad condicional y reembolsar 44.000 dólares a tres trabajadores inmigrantes que fueron víctimas del esquema fraudulento.
Las sentencias son el resultado de un proceso judicial que se inició en el verano de 2024 y concluyó en mayo de 2025, cuando la jueza Sandra Mah emitió su fallo condenatorio, tras considerar probadas las acusaciones presentadas por la fiscalía.
Amenazas y extorsión a trabajadores inmigrantes
Las víctimas, todas originarias de la India, llegaron a Calgary entre 2017 y 2020 como trabajadores extranjeros temporales, con permisos de trabajo vinculados a un empleador específico, lo que los hacía especialmente vulnerables a abusos. Habían sido contratados como cocineros en los restaurantes de los ahora condenados.
Según quedó establecido en la sentencia, una vez en Canadá los empleadores exigieron a los trabajadores el pago de 24.000 dólares cada uno, supuestamente para cubrir costos gubernamentales asociados a su inmigración, en particular la Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (LMIA). Sin embargo, la jueza Mah subrayó que, conforme a la normativa canadiense, los empleadores están obligados a pagar esa tarifa, que asciende a 1.000 dólares por trabajador, y que está estrictamente prohibido trasladar ese costo a los empleados.
La fiscal Brandy O’Ferrall presentó pruebas de que los trabajadores fueron amenazados con ser deportados a la India si no entregaban el dinero exigido, una presión que, según el tribunal, constituyó un claro abuso de poder y una forma de extorsión.
Jornadas extenuantes y control del salario
Uno de los trabajadores, Parthiban Ramalingam, logró pagar la suma completa de 24.000 dólares, mientras que los otros dos entregaron 12.000 y 8.000 dólares, respectivamente. El tribunal escuchó que, en los días de pago, Kasinathan llevaba personalmente a Ramalingam a su banco para depositar su cheque salarial.
Ramalingam relató que, inmediatamente después, debía entregar 2.000 dólares en efectivo a su empleador para la supuesta LMIA y 400 dólares adicionales para el alquiler. Tras ello, era trasladado directamente al restaurante para continuar trabajando.
El trabajador explicó que necesitó casi un año, trabajando seis días a la semana y realizando jornadas de entre 12 y 14 horas diarias, para poder reunir y entregar el dinero exigido por sus empleadores.
Condiciones de vivienda precarias y abusos
Además del fraude económico, el tribunal consideró probado que las víctimas vivían en condiciones deficientes, en viviendas propiedad de los propios empleadores, a quienes debían pagar alquiler. En uno de los casos, un trabajador compartía un dormitorio con otras dos personas, en un entorno que la jueza calificó de inadecuado.
La sentencia también recoge testimonios sobre abusos verbales y físicos. Uno de los trabajadores, Venkatesan Durairaj, declaró que había trabajado en varios países, pero que nunca antes se había sentido tratado “como un esclavo”, afirmación que la jueza destacó de forma explícita en su fallo.
Finalmente, las víctimas decidieron denunciar los hechos ante las autoridades canadienses, lo que dio inicio a la investigación penal.
Defensa rechazada por el tribunal
Ninguno de los acusados testificó en su propia defensa. Sus abogados sostuvieron que el dinero recibido, en caso de existir, habría sido para cubrir gastos legítimos como alquiler, comida, pasajes aéreos o préstamos personales. Sin embargo, la jueza rechazó de forma contundente estos argumentos, al considerar que no se ajustaban a las pruebas documentales ni a los testimonios presentados durante el juicio.
El caso ha reavivado el debate en Canadá sobre la protección de los trabajadores inmigrantes, especialmente en sectores como la restauración, donde el uso de mano de obra extranjera temporal es habitual y donde, según organizaciones de derechos laborales, persisten situaciones de explotación y abuso.
