Lima, 15 oct.— Un juez de la Corte Superior de Lima rechazó este miércoles el pedido de la fiscalía para prohibir la salida del país por 36 meses a la expresidenta Dina Boluarte, quien enfrenta una investigación por presunto lavado de activos, al considerar que la exmandataria ha mostrado buena conducta procesal.
El magistrado Fernando Valdez argumentó que Boluarte ha respondido oportunamente a las citaciones del Ministerio Público y que puede continuar declarando de manera virtual durante el desarrollo de la investigación. La expresidenta, destituida hace apenas cinco días por el Congreso peruano, no asistió a la audiencia judicial.
Sin embargo, aún queda pendiente la resolución de otro juez sobre un segundo pedido fiscal que busca restringir la salida de Boluarte del país por 18 meses, esta vez por un caso paralelo de presunta corrupción.
Crisis política y reemplazo en el poder
Boluarte fue destituida por “incapacidad moral permanente”, en medio de una ola de crimen e inestabilidad política. Su salida marcó el séptimo cambio presidencial en nueve años, un récord que refleja la prolongada crisis institucional del Perú.
Tras su destitución, asumió como presidente interino José Jerí, legislador del partido Somos Perú, quien anunció que mantendrá una posición neutral de cara a las elecciones generales de abril de 2026, donde se elegirá a un nuevo mandatario y Congreso.
En declaraciones a la prensa, Boluarte aseguró que no buscará asilo político ni abandonará el país, aludiendo al antecedente del expresidente Alan García, quien en 2018 solicitó refugio en la embajada de Uruguay y se suicidó un año después al ser detenido por un caso de corrupción.
Investigación por lavado de activos
Según la fiscalía, el caso contra Boluarte se originó en 2019 y está vinculado a una presunta red de lavado de dinero dentro de un gobierno regional que emitía licencias de conducir fraudulentas. Los fondos, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, habrían sido depositados en cuentas bancarias de Boluarte, quien luego habría transferido parte de ese dinero al líder político prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo ganó las elecciones de 2021 y en el que Boluarte fue candidata a la vicepresidencia.
El Ministerio Público también señaló que los fondos ilegales se habrían destinado a pagar la reparación civil impuesta a Cerrón por una condena previa por corrupción.
Un historial de denuncias acumuladas
La exmandataria enfrenta actualmente nueve denuncias constitucionales enviadas por la fiscalía al Congreso y once investigaciones abiertas por distintos delitos, entre ellos su presunta responsabilidad en la muerte de 50 manifestantes durante las protestas registradas en los primeros meses de su mandato.
Boluarte, quien gobernó entre 2022 y 2025, había logrado mantenerse en el poder gracias a una coalición parlamentaria conformada por Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, partidos que la protegieron de siete intentos de destitución durante su gestión.
