Quito, 15 oct.— Ecuador vive una nueva escalada de violencia y terrorismo luego de que tres explosiones sacudieran el país en menos de 24 horas, una de ellas en la ciudad portuaria de Guayaquil y las otras dos registradas este miércoles en puentes de distintas regiones. Las autoridades atribuyen los ataques al grupo criminal Los Lobos y a disidencias de las FARC, en represalia por operativos del gobierno contra la minería ilegal.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los atentados serían una respuesta directa a las acciones militares desarrolladas en la localidad de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde recientemente se desmantelaron estructuras de minería ilegal. Durante esos operativos fueron detenidos miembros de la facción Oliver Sinisterra, compuesta por disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes mantienen vínculos con Los Lobos, una de las bandas más poderosas y violentas del país.
“El terrorismo es la reacción de los que se benefician del crimen. No vamos a retroceder”, declaró Reimberg, quien reiteró que Estados Unidos ha clasificado a Los Lobos como organización terrorista.
Explosiones coordinadas y daños estructurales
Los nuevos explosivos fueron colocados en puentes para interrumpir el tránsito, según confirmó el ministro de Transporte, Roberto Luque, a través de la red social X. En su mensaje, calificó los hechos de “ataques terroristas” y anunció el cierre de las vías afectadas mientras se realizan inspecciones de seguridad.
Un informe policial al que accedió The Associated Press detalló que uno de los puentes afectados se encuentra en la ciudad de Naranjal, en la provincia de Guayas, a unos 290 kilómetros al suroeste de Quito. La estructura presenta graves daños tras la detonación.
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, repudió el atentado y lo calificó como un “acto criminal cobarde”.
El segundo puente atacado conecta las provincias de Azuay y El Oro, en el sur del país. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos informó que la vía fue cerrada por riesgo de colapso estructural, y medios locales difundieron imágenes de hierros retorcidos, escombros y autobuses con parabrisas destrozados.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales por las últimas explosiones.
Una ola de violencia en aumento
Estos hechos se suman a la explosión de un vehículo ocurrida el martes en Guayaquil, en una zona comercial concurrida, que dejó un muerto, varios heridos y cuantiosos daños materiales. El ataque afectó restaurantes, edificios y un popular centro comercial, incrementando la sensación de inseguridad en la ciudad más grande del país.
El presidente Daniel Noboa condenó los atentados durante un acto público y aseguró que su gobierno “no se dejará intimidar”. “No podemos retroceder ante quienes quieren aterrorizar a las familias ecuatorianas. Mientras nosotros bombardeamos las minas ilegales, ellos planean coches bomba”, afirmó.
Contexto de conflictividad y tensión social
La localidad de Buenos Aires, epicentro de los recientes operativos, vive un paro indígena por el alza del precio del diésel. El gobierno sostiene que grupos mineros ilegales se infiltran en las protestas, mientras los líderes indígenas niegan esas acusaciones y denuncian una estrategia oficial para deslegitimar sus movilizaciones.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes desde 2021, marcada por el crecimiento de bandas narcocriminales, atentados con explosivos y motines carcelarios sangrientos. En marzo pasado, un coche bomba explotó frente a la cárcel de Guayaquil, dejando un guardia muerto, mientras que en 2023 se registraron varios ataques similares en distintas ciudades del país.
El gobierno anunció que ofrecerá recompensas por información que conduzca a la captura de los responsables y la Fiscalía abrió una investigación de oficio sobre los recientes atentados.
