Redacción, 18 de octubre.- Ecuador continúa atrapado en una crisis de violencia que, pese a mostrar una reducción estadística respecto de 2025, mantiene al país entre los escenarios más críticos de su historia reciente. Durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 4.145 homicidios intencionales, equivalentes a un promedio de 23 asesinatos diarios. La cifra convierte al período en el segundo primer semestre más violento desde que existen los registros analizados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).
El informe publicado en octubre de 2026 muestra que los homicidios disminuyeron aproximadamente un 10,7% en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, la reducción ocurre frente a un año excepcionalmente violento y no supone un retorno a los niveles de seguridad anteriores a la expansión del crimen organizado. Si la tendencia semestral se mantiene, el país podría cerrar 2026 con una tasa de entre 45 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.
La distribución geográfica de los asesinatos constituye uno de los hallazgos centrales de la investigación. Guayas, la provincia más poblada del país y donde se encuentra Guayaquil, concentra el 42,39% de las muertes violentas registradas entre enero y junio. Su tasa semestral alcanza los 36,42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que confirma su importancia dentro de la crisis de seguridad ecuatoriana.
No obstante, el deterioro más pronunciado se observa en El Oro, provincia fronteriza con Perú. Allí, la tasa de homicidios alcanzó los 68,74 casos por cada 100.000 habitantes, la más elevada del territorio nacional. Según el OECO, los asesinatos aumentaron aproximadamente un 62% respecto del primer semestre de 2025 y representan el 12,54% de las muertes violentas contabilizadas en Ecuador durante el período estudiado.
La situación adquiere especial relevancia por las características territoriales de El Oro, donde confluyen actividades comerciales, agrícolas, portuarias y fronterizas. Su capital, Machala, y el cantón Huaquillas aparecen entre los principales focos de violencia letal. La concentración de asesinatos en estas localidades plantea interrogantes sobre las disputas por corredores estratégicos y mercados ilícitos, aunque los datos de homicidios, por sí solos, no permiten establecer las motivaciones individuales de cada crimen.
Huaquillas registra una tasa semestral de 125,97 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta entre los cantones ecuatorianos. Machala, por su parte, alcanza los 68,17 casos por cada 100.000 habitantes y encabeza el indicador entre las ciudades con poblaciones superiores a 100.000 personas.
La comparación territorial permite identificar una transformación en el mapa de la violencia. Mientras algunos puntos históricamente afectados, como Durán, en Guayas, muestran disminuciones importantes, otras localidades registran incrementos que modifican la distribución del riesgo. El descenso nacional, por tanto, no describe necesariamente lo que ocurre en cada provincia o cantón.
Sucumbíos, en la frontera con Colombia, constituye otro territorio de preocupación. Con una tasa de 34,95 homicidios por cada 100.000 habitantes, ocupa el cuarto lugar provincial. El observatorio plantea posibles relaciones entre la violencia, la minería ilegal y las disputas por el control territorial, dinámicas que requieren investigaciones adicionales para determinar sus conexiones específicas.
El perfil de las víctimas también revela una dimensión particularmente grave. Los jóvenes de entre 20 y 24 años representan el 19,04% de las personas asesinadas durante el primer semestre, convirtiéndose en el grupo etario más afectado. Los adolescentes de entre 15 y 19 años concentran otro 11,80% y aparecen como el cuarto grupo de edad con mayor número de víctimas.
Estos porcentajes muestran que una parte significativa de la violencia letal recae sobre personas que atraviesan etapas de formación educativa, incorporación al mercado laboral o transición hacia la vida adulta. El fenómeno plantea desafíos que exceden las operaciones policiales y militares, especialmente en territorios donde las organizaciones criminales disputan espacios de influencia.
