MEMPHIS (Tennessee), 10 de octubre.– Efectivos de la Guardia Nacional comenzaron a patrullar las calles de Memphis este viernes como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump de desplegar tropas en ciudades estadounidenses con altos índices de criminalidad, pese a que varios tribunales han bloqueado la medida en distintos estados.
Al menos nueve soldados fueron vistos en la icónica zona de Bass Pro Shops, en la Pirámide de Memphis, acompañados por agentes locales y tomándose fotos con visitantes. No se ha precisado aún cuántos efectivos estarán en el terreno ni por cuánto tiempo permanecerán desplegados.
Durante un foro de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), la jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis explicó que los militares tendrán funciones no coercitivas, principalmente para dirigir el tráfico y reforzar la presencia en zonas comerciales, evitando puntos de control o intervenciones que puedan percibirse como una “militarización de los vecindarios”.
El alcalde demócrata Paul Young aclaró que no solicitó la presencia militar, aunque tras la decisión de Trump y la autorización del gobernador republicano Bill Lee, pidió que los soldados se enfoquen en combatir el crimen violento sin intimidar a la población.
Memphis enfrenta desde hace años elevados niveles de violencia urbana, con cifras alarmantes de homicidios, robos y asaltos a vehículos. Aun así, las autoridades aseguran que los delitos han disminuido en 2025 en comparación con años anteriores. Según el Servicio de Alguaciles de EE.UU., desde el inicio de la operación el 29 de septiembre se han realizado más de 2.800 citaciones y cientos de arrestos, incluidos cuatro por homicidio.
Batalla judicial en Illinois y otros estados
El despliegue en Memphis se produce un día después de que una jueza federal en Illinois bloqueara temporalmente el envío de tropas a Chicago, al considerar que la Casa Blanca violó la Décima y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protegen los derechos de los estados y el debido proceso.
En su fallo, la jueza April Perry concluyó que “no hay evidencia creíble de una rebelión en Illinois”, por lo que el despliegue carece de justificación bajo la Ley de Insurrección, que solo permite el uso del Ejército en casos de sublevación o caos generalizado. La orden judicial vence el 23 de octubre, aunque podría extenderse por dos semanas más.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, celebró el fallo al afirmar que “no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”.
Mientras tanto, unos 500 miembros de la Guardia de Texas e Illinois permanecen estacionados en un centro de reserva militar en Elwood, cerca de Chicago, a la espera de instrucciones. Un pequeño contingente también ha sido visto cerca de instalaciones del ICE (Control de Inmigración y Aduanas) en Broadview, donde en las últimas semanas se registraron protestas contra la detención masiva de inmigrantes.
Más tensiones en Portland y California
La controversia se extiende también a la Costa Oeste, donde un tribunal de apelaciones analiza si Trump puede asumir el control de la Guardia Nacional de Oregon. La Casa Blanca pretende enviar unos 200 efectivos a Portland, donde se han producido pequeñas protestas frente a un edificio del ICE.
Un juez federal ya emitió una orden temporal que bloquea la movilización, aunque el presidente ordenó el traslado de tropas de California a Oregon apenas horas después de esa prohibición. En septiembre, otro juez en California declaró ilegal el despliegue en Los Ángeles, aunque para entonces solo 300 de los miles de soldados permanecían activos.
Más de 20 estados liderados por gobernadores republicanos han expresado su apoyo al plan de Trump, mientras otros 24 estados demócratas respaldan las demandas judiciales en su contra, lo que mantiene abierta una batalla política y constitucional sin precedentes sobre los límites del poder federal.
