Lima, 24 sep (EFE).- Un grupo de congresistas peruanos presentó este martes una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien ya había sido censurado hace seis años como titular del Interior por su supuesta “incapacidad” para combatir el crimen organizado.
La moción cuenta hasta el momento con la firma de 35 parlamentarios de distintas bancadas, quienes sostienen que Santiváñez no es idóneo para desempeñar el cargo. “Atendiendo a las consideraciones precedentes, se evidencia que el ministro ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos”, señala el documento, que será debatido y votado próximamente en el pleno.
Entre los firmantes se encuentran congresistas de ideologías diversas, como Susel Paredes y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Álex Flores (Bancada Socialista), y Patricia Chirinos (Renovación Popular) y Héctor Acuña (Honor y Democracia), entre otros. La moción subraya que su permanencia en el cargo “supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y al Estado de derecho en Perú”.
Santiváñez, considerado el ministro más influyente del Gobierno de Dina Boluarte, es conocido por haber defendido a policías procesados por violaciones a los derechos humanos y al agente Miguel Marcelo Salirrosas, condenado a 27 años de cárcel por extorsión y sicariato en Trujillo.
Última polémica por audios filtrados
El 14 de septiembre, los programas Panorama y Punto Final difundieron audios supuestamente registrados el año pasado, en los que Santiváñez contacta al entonces primer ministro Eduardo Arana para solicitar el cambio de ubicación de un policía encarcelado por integrar una organización criminal, caso en el que actuó como abogado.
Posteriormente, Latina Noticias y Cuarto Poder difundieron más audios en los que el ministro menciona haber recibido dinero para “adelantar un tema”, aunque asegura no haberse quedado con el pago. La Fiscalía investiga un presunto soborno de 20.000 dólares para influir en decisiones del Tribunal Constitucional.
Santiváñez negó cualquier conducta criminal y afirmó que los audios forman parte de una carpeta fiscal bajo investigación. Por su parte, el primer ministro Arana aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que no reconoce los audios y acusó que su difusión busca afectar las labores del Ejecutivo.
