San Salvador, 15 ago.- El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador una solicitud para que se declare inconstitucional el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 por iniciativa del Gobierno del presidente Nayib Bukele, y se ponga fin a su implementación.
La solicitud fue entregada por familiares de personas detenidas supuestamente de manera arbitraria, en el marco del tercer aniversario de la creación de Movir. Este movimiento, fundado en agosto de 2022, se dedica a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de familias cuyos miembros han sido capturados bajo las medidas extraordinarias del régimen de excepción.
Samuel Ramírez, fundador y coordinador de Movir, denunció que la medida “es ilegal e inconstitucional” y pidió su derogación. Ramírez sostuvo que el régimen de excepción sirve para “capturar a la gente sin el debido proceso, sin investigación previa y sin haber cometido un delito”, comparándolo con los sistemas represivos de los peores dictadores. Añadió que esta medida ha permitido que se oculten violaciones, negligencias y arbitrariedades del Gobierno, y que impide conocer la verdad sobre los capturados y los fallecidos en las cárceles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció el jueves, instando al Estado salvadoreño a terminar el régimen de excepción por su indebida aplicación en casos no vinculados con el crimen organizado. En un comunicado, la CIDH expresó su preocupación por la prolongación indefinida de la medida y exhortó a tomar las medidas pertinentes para su finalización.
El régimen de excepción, prorrogado en 41 ocasiones por la Asamblea Legislativa, suspende derechos fundamentales como el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de la correspondencia, y amplía la detención administrativa hasta por 15 días. Según reportes oficiales, esta medida extraordinaria ha resultado en más de 88.750 capturas desde su implementación, y se aprobó tras una ola de violencia que dejó más de 80 personas asesinadas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, tras el colapso de un supuesto pacto entre el Gobierno y las pandillas.
El régimen de excepción se ha convertido en la principal política del Gobierno contra las pandillas, factor que contribuyó a la reelección inmediata de Bukele, pese a la prohibición constitucional, y ha mantenido alta su popularidad entre los salvadoreños. Sin embargo, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
Movir y diversas organizaciones de derechos humanos esperan que la CSJ evalúe la solicitud y considere la medida incompatible con la Constitución, marcando un posible precedente en la revisión de políticas de seguridad que afectan libertades fundamentales en El Salvador.
