BOGOTÁ, 31 julio.- El Gobierno colombiano oficializó este miércoles la implementación de la reforma a la salud mediante el Decreto 0858 de 2025, una decisión que ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y gremiales por haber sido adoptada sin el aval del Congreso.
El decreto, firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establece un nuevo modelo de atención sanitaria preventivo, predictivo y resolutivo, que transforma el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales pasarán a denominarse Gestoras de Salud. La decisión, que sustituye parte del Decreto 780 de 2016, ha sido interpretada como un paso unilateral del presidente Gustavo Petro para imponer su agenda en medio del estancamiento legislativo de la reforma.
Uno de los cambios clave es la eliminación de la intermediación de las EPS en el manejo de los recursos públicos, permitiendo al Gobierno girar directamente a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estas, a su vez, se reorganizarán como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que serán la base del nuevo modelo de atención en las redes territoriales.
El decreto establece que tanto las IPS como los Caps conservarán su naturaleza jurídica y autonomía, aunque deberán adaptarse al nuevo modelo en un plazo máximo de un año. En los próximos tres meses, el Ministerio de Salud deberá definir los requisitos y condiciones que deberán cumplir los prestadores primarios para integrarse como Caps.
Además, el texto incluye un capítulo dedicado al trabajo digno y decente en el sector salud, retomando temas que habían sido abordados en reformas anteriores que no prosperaron en el Congreso.
Desde la oposición, las reacciones no se hicieron esperar. Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, anunció una demanda contra el decreto, calificándolo de “esperpento” y denunciando que el Gobierno está imponiendo su reforma sin diálogo ni consenso legislativo:
“A Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso”, expresó.
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, criticó duramente el modelo impuesto por decreto, al considerar que “desdibuja el rol de las EPS, no resuelve los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más”.
El decreto fue firmado horas después de que Miguel Ángel del Pinto, senador liberal crítico de la reforma, fuera elegido presidente de la Comisión Séptima, donde anteriormente se habían hundido varias iniciativas del Ejecutivo. Aunque Del Pinto ha prometido apertura al diálogo, su elección fue vista como un nuevo obstáculo para la aprobación de la reforma en el Congreso, lo que habría motivado al Gobierno a actuar por decreto.
El modelo propuesto será financiado con recursos del aseguramiento en salud administrados por la ADRES, el Sistema General de Participaciones y el Presupuesto General de la Nación.
