Bogotá, 13 junio.- Las autoridades colombianas imputaron este jueves a Carlos Eduardo Mora González como segundo presunto implicado en el atentado a tiros contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras haber sido herido en la cabeza el pasado sábado durante un acto de campaña en Bogotá.
La Fiscalía lo acusó formalmente de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos. Un juez ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación. Según las pruebas, Mora González habría tenido un rol clave en la logística del ataque, al entregar el arma y facilitar el cambio de ropa del menor de 15 años acusado de ejecutar los disparos.
Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, fue baleado por la espalda mientras ofrecía un discurso en un parque del occidente de la capital colombiana. Tras una cirugía de emergencia, permanece en la Clínica Fundación Santa Fe con un cuadro clínico grave, aunque los médicos reportan “indicios de mejoría neurológica”.
Uso de un menor y red criminal en investigación
El primer detenido, un adolescente de 15 años, fue capturado poco después del atentado. El menor, quien habría huido tras disparar al senador, negó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Dada su edad, permanece bajo custodia en condiciones especiales.
Las cámaras de seguridad del lugar muestran al menor interactuando con al menos cinco personas en la zona, presuntos cómplices que ahora son buscados por las autoridades. Mora González habría visitado días antes el parque donde se cometió el atentado, lo que refuerza su presunta participación en la planificación.
Seguridad electoral y reacción internacional
El atentado ha encendido las alarmas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. A raíz del ataque, varios precandidatos han suspendido sus eventos públicos, temiendo por su integridad. La oposición ha exigido explicaciones sobre la “extraña reducción” del esquema de seguridad de Uribe Turbay justo el día del ataque, situación confirmada por el propio presidente Gustavo Petro.
En respuesta, el gobierno anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad para todos los precandidatos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se asignará un oficial de alto rango como enlace con la oposición y se revisará el nivel de riesgo de cada líder político.
El representante Hernán Cadavid, también del Centro Democrático, denunció que la seguridad en Colombia ha “empeorado significativamente” y señaló que grupos armados ilegales se han beneficiado de las políticas del actual gobierno. Entre las hipótesis que maneja la Fiscalía está un posible ataque contra la oposición, una represalia de grupos ilegales o un intento de desestabilizar el país.
Defensa e investigación paralela
El abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, informó que han comenzado una investigación independiente con detectives privados, y ya entregaron a la Fiscalía una base de datos con más de 1.000 contactos para analizar una posible infiltración en la campaña del senador.
También solicitó a las autoridades investigar la posible “grave omisión del Estado” en la protección del político, dado que el equipo de Uribe había solicitado un aumento en las medidas de seguridad en varias ocasiones.
Por su parte, el presidente Petro propuso que una comisión de la ONU participe en la investigación del atentado y otros casos de violencia política. La Fiscalía rechazó la propuesta, afirmando que tiene plena capacidad institucional para esclarecer el caso.
Reacciones internacionales
El ataque fue condenado por mandatarios y autoridades de varios países, incluyendo Estados Unidos, Chile, Ecuador, Panamá y la Unión Europea. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó el atentado como resultado de la “retórica incendiaria de la izquierda colombiana”, declaración que fue rechazada por el gobierno colombiano a través de una nota formal.
Colombia vive un momento de tensión política y preocupación creciente por la seguridad electoral, en un contexto que revive los fantasmas del pasado, cuando candidatos presidenciales eran blanco de la violencia de grupos ilegales.
