MADRID, 10 junio.- El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ordenó este martes a la Guardia Civil registrar la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia, al considerar que existen indicios de su participación en presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas a cambio de beneficios económicos.
La medida fue adoptada tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalla posibles contratos amañados durante la gestión de Ábalos al frente del Ministerio, según el auto judicial al que accedió la agencia EFE.
En el documento, el magistrado sostiene que el informe de la UCO identifica adjudicaciones que «pudieran haber resultado indebidamente otorgadas», vinculándolas directamente con grabaciones intervenidas al exasesor del exministro, Koldo García. Dichas grabaciones aportarían, según el juez, “elementos bastantes” para sospechar de la “eventualmente ilícita intervención” de Ábalos, quien habría obtenido “un determinado beneficio económico” como resultado de estas acciones.
Las sospechas que salpican a Ábalos
El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre una red de corrupción que involucra a Koldo García, quien ya ha sido señalado en varias causas judiciales por presunto tráfico de influencias y cobro de comisiones en contratos públicos, especialmente durante la pandemia.
El nombre de Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2018 y 2021, y una figura clave del primer gabinete de Pedro Sánchez, ha cobrado protagonismo en los últimos meses tras las declaraciones de excolaboradores y el avance de la investigación en su entorno.
Aunque Ábalos ha negado reiteradamente cualquier implicación en actividades ilícitas, el auto del juez Puente indica que los elementos recabados por la UCO “refuerzan la hipótesis” de que el exministro habría tenido “una participación activa” en las adjudicaciones bajo sospecha.
Implicaciones políticas
Este registro marca un punto de inflexión en el caso que ya había tensado las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del cual Ábalos fue secretario de Organización hasta 2021. Aunque fue apartado de la primera línea política, mantiene su escaño como diputado en el Congreso, actualmente en el grupo mixto, tras ser desautorizado por la dirección del partido a raíz del escándalo de su exasesor.
Desde el entorno de Ábalos no ha habido declaraciones oficiales tras conocerse el registro. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el exministro está dispuesto a colaborar con la Justicia.
La investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas diligencias en los próximos días.