BUENOS AIRES, 10 junio.- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) mantuvo este martes una reunión con senadores y dirigentes peronistas en la sede del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires, en medio de una creciente tensión política ante la inminente posibilidad de que la Corte Suprema confirme su condena por corrupción y habilite su detención.
El fallo podría conocerse en las próximas horas, tras una reunión convocada para las 16:00 hora local (19:00 GMT) por el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, junto a los otros magistrados de la Corte, según fuentes judiciales.
Fernández arribó al edificio del PJ, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, pasadas las 11:30, acompañada por una caravana de militantes que permanecieron desde la madrugada frente a su domicilio en Constitución. A su llegada, fue ovacionada por unas 300 personas que aguardaban en las inmediaciones del lugar.
Entre los participantes del encuentro figuraban figuras clave del kirchnerismo, como la exministra y actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el senador nacional Oscar Parrilli, ambos cercanos a la exmandataria.
Militancia y respaldo político en la calle
“Yo soy una trabajadora y los trabajadores nunca estuvieron mejor que con Néstor y Cristina”, declaró Laura Hughes, jubilada estatal de Chubut, a la agencia EFE. “La Justicia tiene intereses, y las únicas causas que avanzan son las de los peronistas; las otras quedan archivadas”, añadió.
Florencia Lanza, una estudiante universitaria que se definió como militante de izquierda no peronista, también se acercó al PJ “a defender la democracia ante una causa que no tiene fundamentos reales”, según dijo a EFE.
El operativo policial montado alrededor de la sede buscó contener a los grupos de apoyo, que coreaban consignas como “¡Cristina no se toca!” y portaban pancartas con frases que denunciaban una supuesta “persecución judicial”.
La causa que podría llevarla a prisión
El futuro inmediato de Fernández está en manos de la Corte Suprema, que debe decidir si admite el recurso de queja que presentó su defensa contra la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 en el marco de la causa conocida como Vialidad. En dicho fallo, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, relacionada con la adjudicación de obras viales en Santa Cruz.
En caso de que el Supremo rechace el recurso, la condena quedará firme y podría habilitarse su detención, aunque su situación procesal se encuentra aún protegida por los fueros parlamentarios como senadora hasta el fin de su mandato en diciembre de este año.
La decisión que tome el tribunal tendrá un fuerte impacto político, no solo en el presente de Fernández, sino también en el mapa electoral de cara a las presidenciales de 2027, donde algunos sectores del peronismo todavía la ven como una figura aglutinante.
La jornada transcurre bajo un clima de máxima expectativa política y social, con organizaciones sociales y políticas convocando a una vigilia en caso de que se confirme la condena.
