QUITO, 11 de mayo de 2023.- Autoridades, familiares y compañeros de armas rindieron honras fúnebres este domingo a los 11 soldados asesinados en un brutal ataque con explosivos ocurrido durante una operación contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana. Este incidente, registrado en la provincia de Orellana, cerca de la frontera con Colombia, es considerado uno de los más mortíferos contra militares en esa región selvática en años recientes.
Un Dolor Nacional: La Ceremonia Fúnebre
Los féretros de los uniformados fueron dispuestos en una hilera solemne dentro de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, ubicada en el norte de Quito. Allí, cientos de personas se congregaron para despedir a los soldados en una capilla ardiente que reflejó el dolor y la indignación nacional. Tras la ceremonia religiosa, los cuerpos fueron trasladados a las provincias de origen de los fallecidos, donde recibirán sepultura.
Los soldados, pertenecientes a la Brigada de Selva 19 Napo, perdieron la vida el viernes mientras realizaban una operación para combatir la minería ilegal en la zona del Alto Punino, en Orellana. Según las autoridades, fueron emboscados por una agrupación armada ilegal que utilizó explosivos, granadas y fusiles en el ataque.
El Ejército Apunta a las Disidencias de las FARC
El ejército ecuatoriano atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, una organización conformada por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos grupos operan principalmente en los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño, dedicándose al narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos transfronterizos.
Sin embargo, Armando Noboa, jefe negociador del gobierno colombiano con la Coordinadora Bolivariana —que agrupa a varias disidencias de las exFARC, incluidos los Comandos de la Frontera—, declaró a la emisora W Radio de Colombia que, tras dialogar con facilitadores de la estructura ilegal, aseguraron “no haber participado en esos hechos”. Noboa pidió cautela ante estas declaraciones y subrayó la necesidad de verificarlas rigurosamente.
La Amenaza de Grupos Armados Ilegales en la Frontera
La tragedia evidencia la creciente influencia de grupos armados ilegales colombianos en la frontera entre Ecuador y Colombia, que se extiende por unos 600 kilómetros. Estos actores criminales han tejido alianzas con organizaciones locales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, expandiendo sus actividades hacia territorios ecuatorianos.
La minería ilegal, en particular, ha proliferado en provincias amazónicas como Morona Santiago, Napo y Orellana, generando graves impactos ambientales y sociales. Las comunidades locales y las fuerzas de seguridad enfrentan constantemente la resistencia violenta de quienes lucran con esta actividad ilícita.
Reacción del Gobierno y Compromiso Militar
El gobierno ecuatoriano declaró duelo nacional hasta el lunes y reconoció a los soldados caídos como “héroes nacionales”. La Fiscalía del Estado anunció el inicio de investigaciones bajo la figura de “terrorismo”, mientras que el comandante del Ejército, general Henry Delgado, prometió actuar con firmeza.
“Actuaremos con firmeza como siempre ha hecho las Fuerzas Armadas”, afirmó Delgado, quien también convocó a todos los poderes del Estado a brindar un apoyo “contundente y profundo” para garantizar la seguridad del país. Su declaración refleja la determinación del gobierno de enfrentar la violencia y el crimen organizado que amenazan la estabilidad nacional.
Un Desafío Regional
Este trágico suceso no solo subraya la vulnerabilidad de Ecuador frente a las actividades de grupos armados ilegales, sino que también destaca la necesidad de una cooperación regional más efectiva entre Ecuador y Colombia para abordar estos problemas transfronterizos. La expansión de la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía representa una amenaza tanto para el medio ambiente como para la seguridad de ambos países.
Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano lamenta la pérdida de valientes soldados que dieron su vida en defensa de la soberanía y la legalidad en una de las regiones más inhóspitas del país. Su sacrificio ha generado una ola de solidaridad nacional, pero también un llamado urgente a reforzar las políticas de seguridad y protección en las zonas más afectadas por la violencia criminal.
