Quito, 27 abril.- La desaparición del barco pesquero Fiorella con 10 tripulantes a bordo en aguas del Pacífico ecuatoriano ha generado preocupación entre las autoridades y las familias, en medio de denuncias sobre la creciente influencia de redes criminales en la actividad pesquera de la región.
La embarcación zarpó el 13 de enero desde el puerto de Manta con rumbo a faenas de pesca, pero solo dos de sus tripulantes han regresado, mientras el resto permanece desaparecido. Entre ellos se encuentra Carlos Valencia, capitán del barco e hijo del pescador John Valencia, conocido en la zona como “Capitán Rasputín”.
“Es algo terrible, no se lo deseo a nadie”, declaró el padre del desaparecido, quien mantiene la esperanza de que su hijo pueda ser encontrado con vida junto a otros familiares.
Manta, uno de los principales puertos del país, ha sido señalada por las autoridades como un punto estratégico en las rutas del narcotráfico del Pacífico, donde organizaciones criminales habrían comenzado a infiltrar y presionar a pescadores locales para actividades ilícitas, según denuncias de gremios del sector.
El caso del Fiorella no es aislado. Otros incidentes similares han sido reportados en los últimos meses, en los que embarcaciones ecuatorianas habrían desaparecido o sido interceptadas en alta mar en circunstancias aún no esclarecidas.
Familiares de los desaparecidos han solicitado la intervención de organismos internacionales. El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió al Estado ecuatoriano adoptar medidas urgentes de búsqueda, en medio de versiones que apuntan a posibles intervenciones de fuerzas extranjeras en operaciones marítimas en la región.
En paralelo, otros casos recientes han alimentado la incertidumbre, como el de embarcaciones que habrían sido interceptadas en el mar y posteriormente entregadas a autoridades de terceros países, según testimonios recogidos por familiares y abogados.
El último contacto con el Fiorella se produjo el 20 de enero a través de un teléfono satelital, cuando la tripulación reportó la presencia de drones cerca de la embarcación, aunque aseguraron estar realizando actividades de pesca legal.
Las autoridades ecuatorianas han evitado conclusiones definitivas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación en un contexto de creciente preocupación por la seguridad marítima en el Pacífico y el impacto del crimen organizado sobre comunidades pesqueras tradicionales.
