LIMA, 7 de mayo.— Los cuerpos de los 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, secuestrados y asesinados en el norte de Perú, fueron encontrados el pasado domingo después de llevar aproximadamente una semana muertos, según confirmaron fuentes oficiales. Este caso ha conmocionado al país por su brutalidad y ha puesto en evidencia la inestabilidad que enfrenta la región debido a la minería ilegal y la actividad de bandas criminales.
Los Hechos: Una Semana de Incertidumbre
El presidente de la Junta de Fiscales de la región de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, informó a la emisora RPP que las necropsias realizadas a los cuerpos revelaron que los trabajadores no murieron recientemente, sino hace unos siete u ocho días.
“La información que me da el médico legista es que los cadáveres tienen un tiempo más o menos de fallecidos de aproximadamente siete u ocho días, lo cual nos da una idea de que estas personas no han fallecido ni ayer ni antes de ayer”, declaró Bringas.
El fiscal calificó el caso como “impactante” y destacó la crueldad absoluta del crimen. Según las investigaciones preliminares, los trabajadores fueron secuestrados hace una semana en la provincia de Pataz, una zona conocida por la alta conflictividad vinculada a la minería ilegal y los enfrentamientos entre bandas criminales.
Dificultades en la Identificación de las Víctimas
Por su parte, el director de la morgue de Trujillo, Jorge Vásquez, explicó que nueve de los trece cuerpos ya han sido entregados a sus familias tras ser identificados. Sin embargo, cuatro de las víctimas aún no han podido ser reconocidas debido al avanzado estado de descomposición de los restos.
“Las huellas dactilares están muy afectadas por la esfacelación (muerte y desprendimiento de tejidos) de la epidermis”, señaló Vásquez. Para identificar a estas víctimas, las autoridades tendrán que realizar procedimientos forenses especializados, como pruebas de dactiloscopia, un proceso que podría tardar entre dos y tres meses.
Un Área “Sumamente Inestable”
El fiscal Bringas alertó sobre la situación de extrema inestabilidad en la provincia de Pataz, donde operan sicarios y grupos dedicados a la minería ilegal. Estos actores han generado un conflicto territorial por el control de los socavones mineros, exacerbando la violencia en la región.
“Es un área sumamente inestable debido a la actividad de sicarios y la minería ilegal, elementos que han generado un conflicto por los socavones”, afirmó el fiscal.
En respuesta a esta crisis, se ha conformado un equipo multidisciplinario especial de fiscales, integrado por expertos en derecho penal, crimen organizado y delitos ambientales, para garantizar una investigación exhaustiva y coordinada.
Medidas Urgentes del Gobierno Peruano
Ante la gravedad del caso, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes una serie de medidas drásticas para intentar recuperar el control en Pataz:
- Toque de Queda:
Se estableció un toque de queda en Pataz desde las 6:00 de la tarde (13:00 GMT) hasta las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir la movilidad nocturna y limitar las actividades ilícitas. - Toma de Control Militar:
Las Fuerzas Armadas tomarán el control de la región para combatir la minería ilegal y desarticular a las bandas criminales responsables de estos actos. - Suspensión de Actividades Mineras:
Toda actividad minera en la provincia de Pataz quedará suspendida durante 30 días, plazo prorrogable, para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. - Instalación de una Base Militar:
El gobierno construirá una base militar permanente en el distrito de Pataz para garantizar la presencia estatal en la zona.
“Estamos tomando medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la minería ilegal que está detrás de estos crímenes”, declaró la mandataria.
El Contexto: Conflictos en la Minería Ilegal
La provincia de Pataz fue declarada en emergencia en febrero de 2024 debido al aumento de la violencia vinculada a la minería ilegal. En esta región, las bandas criminales compiten por el control de los yacimientos auríferos, utilizando métodos brutales para imponerse y eliminar a sus rivales.
El yacimiento de oro Poderosa, donde trabajaban las víctimas, se encuentra en el epicentro de este conflicto. La minería ilegal no solo genera violencia, sino también graves impactos ambientales, incluyendo la contaminación de ríos y la deforestación masiva.
Reacciones y Llamados a la Acción
El caso ha generado indignación nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos han pedido al gobierno peruano que adopte medidas más efectivas para proteger a las comunidades afectadas y erradicar la minería ilegal.
“Este es un caso que desnuda la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en zonas marginales. Necesitamos acciones contundentes y sostenibles”, afirmó un representante de una organización local de derechos humanos.
Conclusión: Un Caso que Exige Justicia y Cambio
El hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros secuestrados y asesinados en Pataz ha dejado al descubierto la violencia extrema que impera en las zonas controladas por la minería ilegal en Perú. Mientras las autoridades buscan justicia para las víctimas, el gobierno enfrenta la difícil tarea de restaurar el orden en una región marcada por la inseguridad y el crimen organizado.
“Este caso debe ser un punto de inflexión para abordar las causas profundas de la violencia en Pataz y otras áreas afectadas por la minería ilegal”, concluyó un analista político.
El mundo observa cómo Perú enfrentará este desafío, esperando que las medidas anunciadas sean el primer paso hacia una solución integral y duradera.
