BUDAPEST, Hungría, 15 de abril — El Parlamento húngaro aprobó el lunes una enmienda constitucional que permite al gobierno prohibir actos públicos organizados por comunidades LGBTQ+, incluyendo el icónico Orgullo de Budapest, bajo el argumento de “protección infantil”. La medida, impulsada por la coalición gobernante Fidesz-KDNP liderada por el primer ministro populista Viktor Orbán, ha sido ampliamente criticada por juristas y opositores como un paso más hacia el autoritarismo y la erosión de los derechos humanos en el país.
La Nueva Enmienda: Un Golpe a los Derechos Civiles
La enmienda, que requirió una mayoría de dos tercios para su aprobación, fue respaldada por 140 votos a favor y 21 en contra, reflejando la hegemonía parlamentaria de Fidesz. Esta modificación constitucional establece que los derechos de los niños al desarrollo moral, físico y espiritual prevalecen sobre otros derechos, incluidos los de reunión pacífica. Como resultado, se prohíben eventos públicos que promuevan o mencionen la homosexualidad, especialmente dirigidos a menores de 18 años.
Además, la ley permite el uso de herramientas de reconocimiento facial para identificar a quienes participen en eventos prohibidos, como el Orgullo de Budapest, con multas que pueden alcanzar hasta 546 dólares (200.000 forintos húngaros). Los críticos han señalado que esta legislación no solo amenaza las libertades civiles, sino que también tiene un propósito político: distraer a la población de problemas estructurales y movilizar a la base conservadora antes de las elecciones de 2026.
Protestas y Represión
Antes de la votación final, manifestantes intentaron bloquear la entrada a un garaje del Parlamento atándose entre sí con bridas plásticas. Las fuerzas de seguridad desalojaron físicamente a los activistas, lo que generó escenas de tensión frente al edificio legislativo.
Dávid Bedő, un legislador del partido opositor Momentum, denunció que durante los últimos 15 años, el gobierno de Orbán ha estado “desmantelando la democracia y el estado de derecho”. Bedő aseguró que, ante el deterioro de las encuestas y el aumento de la popularidad de la oposición, Fidesz está intensificando sus tácticas represivas para mantenerse en el poder.
Durante la votación, legisladores de la oposición utilizaron bocinas de aire para interrumpir el proceso, aunque esto no logró detener la aprobación de la enmienda.
El Mensaje del Gobierno: Protección Infantil vs. Derechos Humanos
El gobierno húngaro ha justificado estas medidas argumentando que buscan proteger a los niños de la llamada “ideología progresista” y la “locura de género”, términos utilizados por funcionarios para referirse a cualquier contenido relacionado con la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, críticos como Dániel Döbrentey, abogado de la Unión de Libertades Civiles de Hungría, han calificado estas políticas de “pura propaganda”.
“Todo este esfuerzo lanzado por el gobierno no tiene nada que ver con los derechos de los niños”, declaró Döbrentey. “Definitivamente se trata de humillar y excluir a las personas transgénero e intersexuales, no solo de la comunidad nacional, sino incluso de la comunidad de seres humanos”.
Reconocimiento Binario de Género
La nueva enmienda también codifica en la Constitución que solo existen dos sexos: masculino y femenino. Esto expande una legislación anterior que ya prohibía la adopción por parejas del mismo sexo al definir explícitamente que “una madre es una mujer y un padre es un hombre”. Para Döbrentey, esta declaración envía un mensaje claro: “Excluye legalmente a las personas transgénero e ignora a los individuos intersexuales, cuyas características sexuales no siempre se ajustan a las concepciones binarias tradicionales”.
El portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, defendió la medida afirmando que no ataca la autoexpresión individual, sino que busca aclarar que las normas legales deben basarse en “la realidad biológica”. Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente rechazada por defensores de los derechos humanos.
Suspensión de Ciudadanía y Control Tecnológico
Otro aspecto preocupante de la enmienda es la posibilidad de suspender la ciudadanía húngara de personas con doble nacionalidad en países fuera del Área Económica Europea si se considera que representan una amenaza para la seguridad nacional. Este cambio forma parte de una serie de medidas adoptadas recientemente por Hungría para proteger su soberanía frente a supuestos esfuerzos extranjeros para influir en su política interna.
En paralelo, el uso extendido de tecnología de reconimiento facial ha generado alarmas sobre la privacidad y la libertad de expresión. Según Ádám Remport, otro abogado de la Unión de Libertades Civiles, esta herramienta puede tener un efecto disuasorio en protestas y manifestaciones políticas, ya que las personas podrían temer represalias por ejercer su derecho a la libre reunión.
Orbán: Un Líder Autodenominado “Antiprogresista”
En un discurso reciente cargado de teorías conspirativas, Viktor Orbán comparó a periodistas, activistas y miembros de ONGs financiadas internacionalmente con “insectos” y prometió eliminar lo que llamó “todo el ejército en la sombra” de quienes critican su gobierno. Este lenguaje hostil refuerza la narrativa oficial de que Hungría está siendo atacada por fuerzas externas y que su administración debe actuar con mano dura para proteger la nación.
¿Qué Significa Esto para Hungría?
¿Está Hungría avanzando hacia un régimen autoritario completo? Con esta enmienda, el gobierno de Orbán consolida aún más su control sobre la sociedad, restringiendo libertades fundamentales y marginando a grupos vulnerables. Aunque el partido argumenta que estas medidas son necesarias para preservar valores tradicionales y la soberanía nacional, los críticos ven claramente un patrón de represión sistemática.
Con las próximas elecciones en 2026, queda por verse si la creciente oposición podrá desafiar efectivamente a Fidesz o si el gobierno continuará consolidando su poder mediante leyes restrictivas y campañas de demonización contra minorías y disidentes.
La comunidad internacional sigue observando con preocupación cómo Hungría, un miembro de la Unión Europea, retrocede en materia de derechos humanos y democracia, planteando interrogantes sobre el futuro del proyecto europeo y los mecanismos disponibles para garantizar el cumplimiento de valores fundamentales dentro del bloque.
