SAN SALVADOR, 9 de abril — Un grupo de unas 60 personas, integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), realizó este miércoles un plantón frente al penal La Esperanza, conocido como Mariona, ubicado cerca de la capital salvadoreña. Los manifestantes, en su mayoría familiares de detenidos, exigieron la liberación de personas que consideran inocentes y que permanecen encarceladas bajo el régimen de excepción implementado desde hace tres años para combatir a las pandillas.
Demandas de Justicia: “Basta de Torturar a Gente Inocente”
Los participantes portaban carteles y fotografías de sus familiares encarcelados, mientras clamaban justicia por quienes aseguran han sido injustamente detenidos. Samuel Ramírez, representante del Movir, destacó que solicitan la libertad de aquellas personas que ya cuentan con cartas de libertad emitidas por la Dirección de Centros Penales, pero que aún no han sido liberadas.
“Basta de seguir torturando a esa gente que está en la cárcel sabiendo que son inocentes”, afirmó Ramírez durante una intervención ante los medios.
El vocero denunció que solo el Movir ha entregado 258 expedientes documentales que, según ellos, demuestran la inocencia de igual número de personas detenidas. Sin embargo, lamentó que estas personas sigan recluidas a pesar de las pruebas presentadas.
“Es demasiado el silencio de este gobierno. Queremos pedir, antes que comience la Semana Santa, que el tema de las víctimas (del régimen) no muera, que la esperanza de vida de las víctimas siga en El Salvador… reiteramos la exigencia de libertad para todos los inocentes”, enfatizó Ramírez.
El Régimen de Excepción: Tres Años de Polémica
El pasado 2 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó la prórroga número 37 del régimen de excepción, extendiendo por otros 30 días la suspensión de garantías constitucionales. Este estado de excepción, implementado inicialmente tras una ola de violencia en marzo de 2022 que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana, ha sido la principal estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
Hasta la fecha, se han realizado más de 85.500 detenciones de presuntos miembros de pandillas y supuestas personas vinculadas a estas estructuras criminales. Sin embargo, el régimen ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Denuncias de Violaciones a Derechos Humanos
Organizaciones humanitarias han documentado 6.889 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de excepción. Entre las principales denuncias se encuentran:
- Detenciones arbitrarias: Representan el 98 % de las querellas.
- Abusos policiales: El 75 % de las denuncias señalan directamente a agentes de la Policía por excesos en las detenciones.
- Suspensión del derecho a la defensa: Bajo el régimen, los detenidos pueden ser retenidos hasta 15 días sin cargos formales, en lugar de los 3 días máximos permitidos en condiciones normales.
Además, investigaciones periodísticas, como las realizadas por el medio local El Faro, han señalado que la ola de violencia que desencadenó el régimen de excepción pudo haber sido provocada por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno de Bukele y las pandillas, lo que generó tensiones entre ambas partes.
Impacto Político y Social
El régimen de excepción ha sido ampliamente respaldado por la población salvadoreña, que ve en él una medida efectiva para reducir la violencia y el poder de las pandillas. Esta percepción de seguridad ha fortalecido la popularidad del presidente Nayib Bukele, quien logró su reelección inmediata pese a la prohibición constitucional de buscar un segundo mandato consecutivo.
Sin embargo, analistas advierten que la prolongación indefinida del régimen podría consolidarse como una herramienta de control político, erosionando la democracia y las libertades civiles en el país. Algunos sectores han calificado la medida como un estado de excepción “permanente”, que prioriza la seguridad sobre los derechos fundamentales.
Conclusión: Una Lucha entre Seguridad y Derechos Humanos
La protesta frente al penal Mariona refleja el creciente malestar de familias que aseguran ser víctimas colaterales de una política diseñada para combatir el crimen organizado. Mientras el gobierno de Bukele celebra los avances en la lucha contra las pandillas, organizaciones humanitarias y grupos como el Movir denuncian abusos sistemáticos que afectan a miles de personas.
El desafío para El Salvador radica en encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y proteger los derechos humanos. Sin embargo, con el régimen de excepción extendido indefinidamente y la falta de transparencia en las detenciones masivas, el futuro de miles de detenidos sigue siendo incierto.
Mientras tanto, el llamado de los familiares de los encarcelados resuena como un recordatorio de que detrás de cada estadística hay vidas truncadas y comunidades desgarradas por decisiones políticas que, aunque populares, han dejado un rastro de sufrimiento humano.
