LIMA, 9 de abril — La Fiscalía de Perú inició una investigación preliminar para esclarecer el homicidio de un conductor de transporte público y el intento de asesinato de otro, perpetrados este martes en un ataque atribuido al crimen organizado en la capital peruana. Estos hechos han desatado protestas por parte del sector transporte, que denuncia la creciente violencia extorsiva como una amenaza constante a su seguridad.
El Ataque: Un Crimen Calculado
Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta en la red social X, los ataques ocurrieron en la avenida Venezuela, en el distrito de San Miguel, donde ambos conductores fueron acribillados mientras trabajaban en sus rutas habituales.
- Daniel Guillermo, víctima fatal, fue asesinado en lo que parece ser un ajuste de cuentas vinculado a la extorsión.
- Luis Chinchay, quien sobrevivió al ataque, resultó gravemente herido y es investigado como víctima de un homicidio calificado en grado de tentativa.
La fiscal provincial Rocío Reyes Tapia, encargada del caso, supervisó el levantamiento del cadáver y ordenó la realización de una necropsia para determinar las causas exactas de la muerte. Además, instruyó a la Policía Nacional realizar una inspección exhaustiva de las escenas del crimen, recopilar imágenes de las cámaras de seguridad cercanas y tomar declaraciones de testigos, familiares y representantes de las empresas de transporte afectadas: Emisca S.A. y 102 S.A.
Protestas del Sector Transporte en Lima
Los recientes ataques han exacerbado el malestar de los conductores de transporte público, quienes han denunciado que 15 de sus compañeros han sido asesinados en lo que va del año por negarse a pagar extorsiones mensuales impuestas por presuntas mafias criminales. Este fenómeno ha generado una ola de indignación en Lima y otras zonas urbanas del país.
A pesar de que el gobierno declaró la emergencia en la capital peruana para reforzar la lucha contra la delincuencia, los ataques continúan ocurriendo casi diariamente. Los transportistas han convocado para este jueves a un paro nacional y una marcha de protesta, exigiendo medidas más efectivas para garantizar su seguridad.
“No podemos seguir trabajando bajo la amenaza constante de perder la vida si no pagamos estas sumas absurdas”, declaró un representante gremial durante una conferencia de prensa.
La Dimensión del Problema: Extorsión y Violencia
Según cifras del Sistema de Denuncias Policiales del Ministerio del Interior, compartidas recientemente en redes sociales, las denuncias por extorsión han aumentado significativamente en los últimos meses:
- En el primer trimestre del año, se registraron 2.656 denuncias por extorsión a nivel nacional, frente a las 2.079 reportadas en el mismo período de 2024.
Este incremento refleja la creciente influencia de mafias dedicadas a la extorsión, que utilizan la violencia como herramienta para intimidar a quienes se niegan a pagar. El sector transporte público es uno de los principales objetivos de estas organizaciones criminales, debido a su visibilidad y dependencia de rutas fijas.
Emergencia en Lima: ¿Es Suficiente?
En respuesta a la crisis de inseguridad, el gobierno declaró la emergencia en Lima para implementar medidas adicionales contra la delincuencia. Sin embargo, los ataques recientes sugieren que estas acciones aún no han logrado contener la violencia.
El paro convocado por los transportistas busca llamar la atención sobre la necesidad de políticas más efectivas, incluyendo:
- Mayor presencia policial en las rutas de transporte.
- Implementación de sistemas de protección para conductores vulnerables.
- Investigaciones más rápidas y sanciones más severas contra los responsables de estos crímenes.
Conclusión: Una Crisis que Requiere Acción Urgente
El asesinato de Daniel Guillermo y el intento de homicidio contra Luis Chinchay son solo dos ejemplos de la violencia que enfrentan diariamente miles de conductores de transporte público en Perú. Aunque el gobierno ha tomado medidas para abordar la crisis, los ataques continuos evidencian la necesidad de una estrategia más integral y eficaz.
Mientras tanto, las protestas de los transportistas sirven como un recordatorio claro de que la seguridad ciudadana no puede esperar. Las autoridades deben actuar rápidamente para desmantelar las estructuras criminales detrás de estos ataques y garantizar que quienes trabajan en el sector transporte puedan hacerlo sin temor a perder la vida.
El futuro de la seguridad en Lima depende de la capacidad del gobierno para responder con soluciones concretas y sostenibles ante esta creciente amenaza.
