WASHINGTON, 21 de marzo.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los más de 200 migrantes venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso de revisión “muy riguroso” para verificar su presunta vinculación con la megabanda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las denuncias de familiares y abogados de los deportados, quienes aseguran que muchos de ellos no tienen antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales.
“Un Grupo Muy Peligroso”
Desde el Despacho Oval, Trump defendió la decisión de deportar a los venezolanos, asegurando que se trata de individuos peligrosos pertenecientes al Tren de Aragua, una organización señalada por Washington como terrorista.
«Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador», declaró Trump a periodistas.
«Seguiremos con ese proceso (de revisión), sin duda. No queremos cometer ese tipo de error», añadió.
El mandatario estadounidense también respondió a las críticas de abogados y familiares de los deportados, quienes afirman que muchos de los migrantes fueron detenidos únicamente por sus tatuajes o características físicas asociadas erróneamente con pandillas.
«Si hay algo así, por supuesto que queremos saberlo», dijo Trump, aunque insistió en que se trata de «un grupo malo, un grupo realmente peligroso».
La Operación del Sábado
El pasado sábado, Estados Unidos envió a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos bajo la acusación de pertenecer al Tren de Aragua. Estas personas fueron trasladadas utilizando una ley de 1798, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite detenciones y expulsiones sumarias en casos de emergencia nacional.
Una vez en territorio salvadoreño, los deportados fueron encarcelados en prisiones destinadas a pandilleros, bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Según informes, Washington entregó 6 millones de dólares al gobierno salvadoreño para financiar su reclusión durante un año.
Denuncias de Familiares y Abogados
Familiares y representantes legales de los deportados han negado categóricamente las acusaciones del gobierno estadounidense. Aseguran que muchos de los migrantes no tenían antecedentes penales ni vínculos con actividades criminales, y que fueron detenidos injustamente debido a prejuicios basados en apariencias, como tatuajes o modismos lingüísticos.
«No son criminales, son personas que buscaban una vida mejor en Estados Unidos», declaró uno de los abogados involucrados en el caso.
Estas denuncias han generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes critican la falta de transparencia del gobierno estadounidense al no publicar pruebas que respalden las acusaciones contra los deportados.
Falta de Pruebas Públicas
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicas las identidades de los migrantes ni presentado evidencia concluyente que demuestre su supuesta pertenencia al Tren de Aragua. Esta ausencia de información ha alimentado las críticas hacia la operación, calificada por algunos sectores como una medida política impulsada por Trump para endurecer su postura contra la inmigración antes de las próximas elecciones.
El Rol de El Salvador
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recibir a los deportados incluye beneficios significativos para el gobierno de Bukele. Además de los 6 millones de dólares destinados a financiar la reclusión de los migrantes, Washington entregó a San Salvador dos líderes de la pandilla MS-13 y otros 21 supuestos pandilleros capturados en territorio estadounidense.
Este pacto ha generado controversia, ya que implica la deportación masiva de personas sin garantías judiciales previas y su encarcelamiento en condiciones severas, muchas veces comparadas con campos de concentración.
Críticas Internacionales
La operación ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como una violación flagrante de las normas internacionales sobre refugiados y migrantes. Por su parte, el gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha denunciado la deportación como un “vulgar secuestro” y ha pedido explicaciones al gobierno salvadoreño.
Conclusión: Un Caso Polémico
La deportación masiva de venezolanos a El Salvador marca un precedente preocupante en la política migratoria de Estados Unidos. Mientras Trump defiende la medida como necesaria para proteger la seguridad nacional, las acusaciones de abuso de poder y la falta de transparencia plantean serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
Como destacó Trump:
«Queremos asegurarnos de que solo deportamos a aquellos que representan una amenaza real.»
Sin embargo, la falta de pruebas públicas y las denuncias de inocencia por parte de los afectados complican aún más este polémico capítulo en la gestión migratoria de Estados Unidos.
El mundo observa atentamente cómo evolucionará esta situación y si surgirán nuevas revelaciones que confirmen o desmientan las acusaciones contra los deportados.
