LA HAYA, 13 de marzo.— El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, compareció este viernes por primera vez ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en una audiencia inicial programada en La Haya. Esta comparecencia marca un hito histórico al convertirlo en el segundo exjefe de Estado en enfrentar cargos ante el tribunal internacional desde su fundación en 2002.
La audiencia, realizada a las 14:00 horas locales (13:00 GMT), tuvo como objetivo informar formalmente a Duterte sobre los cargos que enfrenta y sus derechos bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. Según la orden de arresto emitida el 7 de marzo, Duterte es acusado del crimen de lesa humanidad de asesinato debido a su controvertida “guerra contra las drogas”, llevada a cabo entre 2011 y 2019.
El Marco Legal de la Audiencia Inicial
Durante esta etapa inicial, no se entró en detalles sobre la defensa ni en los elementos probatorios del caso. Sin embargo, Duterte tuvo la oportunidad de pronunciarse brevemente sobre la acusación en su contra. La corte también confirmó su identidad, determinó el idioma en el que seguirá el proceso judicial y le explicó sus derechos legales.
Duterte contará con la representación legal de Salvador Medialdea, su exsecretario ejecutivo, a quien designó mediante un “poder notarial”. Además, recibirá asistencia de la oficina del defensor público durante esta fase inicial.
“Esta audiencia es un paso crucial para garantizar que el acusado comprenda plenamente los procedimientos y los cargos que enfrenta”, señaló un portavoz de la CPI.
Los Crímenes Imputados: Un Ataque Sistemático Contra la Población Civil
La orden de arresto emitida el 7 de marzo detalla que existen “motivos razonables” para creer que Duterte es responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato. Los jueces destacaron que el expresidente lideró un ataque dirigido contra la población civil, tanto en su rol como líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) antes de asumir la presidencia, como durante su mandato como jefe de Estado.
Según la CPI, Duterte habría implementado políticas organizacionales y estatales que resultaron en miles de muertes extrajudiciales. Las investigaciones sugieren que estas acciones fueron “generalizadas y sistemáticas”, abarcando varios años y afectando principalmente a personas identificadas como presuntos criminales o traficantes de drogas.
“Existen motivos razonables para creer que Duterte, junto con otras personas y a través de ellas, acordó matar a individuos considerados sospechosos de actividades delictivas”, señalaron los jueces.
Arresto y Contexto Político
Duterte fue arrestado en Manila el pasado martes tras la emisión de la orden de arresto secreta emitida por la CPI. Su detención generó amplias repercusiones en Filipinas, donde aún despierta opiniones polarizadas sobre su legado. Aunque muchos lo elogian por sus promesas de erradicar la corrupción y el crimen, otros lo critican duramente por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno.
En marzo de 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, en un intento por evitar cualquier tipo de rendición de cuentas ante la CPI. Sin embargo, esta decisión no afectó la jurisdicción del tribunal sobre los crímenes cometidos durante el período en el que Filipinas aún era parte del tratado.
Un Avance Significativo para la Justicia Internacional
El fiscal de la CPI, Karim Khan, subrayó que las investigaciones de su oficina han sido “independientes e imparciales”. Consideró el arresto de Duterte como “un avance significativo en la búsqueda de justicia” para las víctimas de la llamada guerra contra las drogas, que dejó un saldo estimado de miles de muertes extrajudiciales.
Este caso representa un precedente importante para la CPI, ya que Duterte es solo el segundo exjefe de Estado en ser procesado por el tribunal. El primero fue Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, quien fue absuelto en 2019 tras casi una década de prisión preventiva en La Haya.
Reacciones y Perspectivas Futuras
La comparecencia de Duterte ha generado reacciones encontradas tanto en Filipinas como a nivel internacional. Sus partidarios argumentan que la CPI carece de jurisdicción real sobre el caso, mientras que grupos de derechos humanos ven este proceso como una oportunidad para responsabilizar a quienes perpetran crímenes graves.
Mientras tanto, Duterte permanece bajo custodia en la prisión de Scheveningen, en La Haya, donde espera la continuación de los procedimientos judiciales. En las próximas fases, la CPI profundizará en la presentación de pruebas y testimonios relacionados con los crímenes atribuidos al expresidente.
Conclusión: Un Paso Hacia la Rendición de Cuentas
La comparecencia de Rodrigo Duterte ante la CPI marca un momento histórico en la lucha contra la impunidad. Aunque el proceso está en sus etapas iniciales, este caso podría sentar un precedente importante para futuros casos de crímenes de lesa humanidad.
“La justicia no tiene fronteras, y este caso refuerza el principio de que nadie está por encima de la ley”, concluyó Karim Khan.
El mundo observa con atención cómo avanza este caso, consciente de que su resolución tendrá implicaciones significativas para la justicia internacional y los derechos humanos en todo el mundo.
