LIMA, 10 de marzo.— La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, confirmó este domingo que la presidenta Dina Boluarte enfrenta un total de 34 denuncias en su contra, pero rechazó las afirmaciones de la mandataria sobre un supuesto “acoso político” o intento de “golpe de Estado blando” por parte del Ministerio Público. En una entrevista con el programa Cuarto Poder del canal América Televisión, Espinoza defendió la labor de la Fiscalía y aseguró que se está actuando dentro del marco legal.
Rechazo a las Afirmaciones de Boluarte
La fiscal general negó categóricamente las acusaciones de Boluarte, quien ha argumentado ser víctima de persecución política. Según Espinoza, estas declaraciones responden más a la tensión natural que experimentan las personas cuando son investigadas.
«La señora (Boluarte) dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso», declaró Espinoza.
Espinoza explicó que no todas las 34 denuncias requieren la declaración de la presidenta. Solo en los casos donde su testimonio sea estrictamente necesario se le solicitará comparecer. En los demás casos, la Fiscalía está recopilando pruebas como documentos, testimonios y pericias para avanzar en las investigaciones.
Separación entre Política y Derecho
Espinoza subrayó la importancia de no confundir el ejercicio de la política con el cumplimiento de la ley:
«Los políticos ejercen política, perfecto, es su ámbito. Nosotros ejercemos el derecho y vamos a continuar haciéndolo».
La fiscal atribuyó las palabras de Boluarte sobre un supuesto “golpe de Estado blando” a la tensión que suele generar cualquier proceso judicial. Según Espinoza, es comprensible que una persona denunciada pueda sentirse incómoda, pero eso no justifica acusaciones infundadas contra la institución que lidera.
«Por lo tanto, nosotros al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe (de Estado)? No entiendo, la verdad, no sé cómo se haría sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso», manifestó Espinoza.
Casos en Contra de Boluarte
Las investigaciones preliminares contra la presidenta abarcan diversos temas, entre ellos:
- Muertes y Heridos en Protestas: Boluarte ha sido citada para declarar en relación con los fallecidos y heridos durante las protestas sociales ocurridas en 2022 y 2023, que dejaron decenas de víctimas mortales.
- Presunto Encubrimiento de Vladimir Cerrón: Se investiga si Boluarte tuvo participación en facilitar la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien enfrenta múltiples procesos judiciales.
- Joyas y Relojes de Lujo: Otra investigación se centra en las joyas y relojes de lujo que Boluarte recibió como regalo de un gobernador regional, lo que ha generado sospechas de corrupción y conflicto de intereses.
En algunos de estos casos, Boluarte se ha negado a responder preguntas durante sus comparecencias ante la Fiscalía.
Tensión Política y Judicial
Las investigaciones contra Boluarte han generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. La mandataria ha utilizado plataformas públicas para denunciar lo que considera un “acoso político”, acusando a la Fiscalía de intentar desestabilizar su gobierno. Sin embargo, Espinoza insistió en que el Ministerio Público actúa de manera independiente y basada en evidencias.
«Nosotros no perseguimos objetivos políticos. Nuestro deber es investigar y garantizar que se cumpla la ley, sin importar quién esté involucrado», afirmó la fiscal general.
Un Contexto de Polarización
El caso de Boluarte ocurre en un contexto de profunda polarización política en Perú, donde las protestas sociales y las tensiones institucionales han marcado la agenda nacional desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Desde entonces, Boluarte ha enfrentado críticas por su manejo de las crisis sociales y económicas, así como por las denuncias de corrupción que han rodeado a su administración.
Un Proceso en Marcha
La fiscal general Delia Espinoza dejó claro que las investigaciones contra Boluarte no buscan desestabilizar al gobierno, sino garantizar que se cumpla con el debido proceso y se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, la presidenta enfrenta una creciente presión tanto desde el ámbito judicial como desde sectores políticos y sociales que exigen transparencia y rendición de cuentas.
«Lo que está en juego aquí no es solo la posición de una persona, sino la confianza de la ciudadanía en las instituciones», concluyó Espinoza.
El futuro político de Boluarte dependerá en gran medida de cómo evolucionen estas investigaciones y de su capacidad para mantener el respaldo de sectores clave del país mientras enfrenta uno de los períodos más desafiantes de su mandato.
