GUAYAQUIL (Ecuador), 20 feb.- La vida de Milton Rodríguez, un trabajador agrícola de la costa ecuatoriana, cambió para siempre el 30 de enero, cuando su hijo menor, Miguel Ángel, de apenas 14 años, murió tras recibir múltiples disparos durante un operativo policial y militar en el barrio del Guasmo, en Guayaquil. Su otro hijo, Juan José, de 16 años, resultó gravemente herido y permanece hospitalizado, mientras que un amigo de ambos, quien quedó parapléjico, fue encarcelado en la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más peligrosas del país.
El caso ha generado indignación y se suma a las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo el estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado. Este conflicto, que busca combatir la escalada de violencia en Ecuador, ha dejado un rastro de muerte, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, afectando principalmente a comunidades vulnerables.
Un Padre Desesperado y la Pérdida Irreparable
La tarde del 30 de enero, cientos de policías y militares irrumpieron en el Guasmo, un humilde barrio al sur de Guayaquil conocido por ser uno de los epicentros de violencia en la ciudad. Según relató Rodríguez en una entrevista con EFE, escuchó varias detonaciones y vio cómo su hijo mayor, Juan José, le suplicaba ayuda: «Comenzó a gritar: ‘Papi, me dieron, papi, me hirieron, ayúdame, me muero’».
Tras enviarlo al hospital, Rodríguez comenzó a buscar desesperadamente a Miguel Ángel, quien había salido corriendo junto a otros amigos para esconderse de los disparos. Lo encontraron malherido en el patio de una casa vecina, tras haber recibido al menos cuatro impactos de bala. A pesar de los esfuerzos médicos, Miguel Ángel falleció al día siguiente debido a la gravedad de sus heridas.
«Yo soy una persona muy fuerte, pero la tristeza embarga todo mi cuerpo y mi corazón», lamentó Rodríguez, quien desde entonces no ha podido regresar a su trabajo en la finca agrícola. Su único consuelo es la solidaridad de sus vecinos y familiares, quienes lo han ayudado a reconstruir los hechos y documentar las evidencias de lo ocurrido.
Denuncias de Ejecuciones Extrajudiciales y Abuso de Poder
La Policía justificó el operativo como parte de una misión para “afectar las operaciones” del grupo criminal Los Lagartos, uno de los bandos involucrados en el conflicto armado interno declarado por el gobierno. Según las autoridades, detuvieron a 16 personas por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, y señalaron que tres de ellas resultaron heridas “luego de un enfrentamiento armado”.
Sin embargo, Rodríguez y su familia rechazan esta versión oficial. «Eran niños muy pobres, pero tampoco eran criminales como ellos indican, imputándoles armas que nunca han tenido. Yo doy fe de que mis niños no son aquello», afirmó el padre, quien asegura que llevaba a sus hijos al trabajo precisamente para evitar que fueran reclutados por grupos criminales.
La vivienda de la familia, construida con materiales mixtos y ubicada junto a un ramal de estero, aún conserva los agujeros de bala como testimonio silente de la violencia que azotó el barrio ese día. La Policía ha pedido investigar si las armas que mataron a Miguel Ángel pertenecían a la institución, aunque las familias afectadas exigen justicia inmediata.
Un Patrón de Violaciones a los Derechos Humanos
El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que este caso es un “ejemplo emblemático” de cómo están operando los agentes del Estado bajo el pretexto del conflicto armado. Según datos de la Fiscalía, desde la declaración del estado de emergencia, se han registrado:
- Más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales.
- 83 investigaciones por tortura.
- 223 casos de extralimitación en el uso de la fuerza.
- 8 denuncias por desaparición forzada, aunque el CDH estima que el número real es mucho mayor.
Bastias destacó que solo en la costa ecuatoriana han identificado 27 víctimas de desapariciones forzadas, incluidos los casos de cuatro niños afroecuatorianos que fueron detenidos irregularmente en diciembre por una patrulla militar en Guayaquil y posteriormente asesinados.
«El 2024 fue el año más violento con relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado», concluyó el abogado.
Una Familia Destrozada Exige Justicia
Para Milton Rodríguez, la lucha ahora es personal. «Yo pido justicia para mi hijo y para todos los niños que han perdido su vida de esta manera. No sé qué va a hacer el presidente, pero esto debe parar. No pueden seguir matando a los niños así», dijo con voz entrecortada.
Con la ayuda de sus vecinos y parientes, Rodríguez ha recolectado pruebas y evidencias que demuestran que sus hijos no participaron en ningún enfrentamiento armado ni poseían armas. Las marcas de balas en su vivienda y el testimonio de testigos respaldan su versión de los hechos.
Un País en Crisis
El caso de los hermanos Rodríguez refleja la compleja situación que enfrenta Ecuador bajo el estado de conflicto armado interno. Mientras el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para combatir el crimen organizado, las comunidades más vulnerables pagan el precio más alto, enfrentando no solo la violencia delictiva, sino también la represión estatal.
Las familias afectadas exigen transparencia y rendición de cuentas, mientras organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de normalizar prácticas como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Para muchos, la pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde llegará el costo humano de esta guerra contra el crimen?
Un Grito por la Justicia
El dolor de Milton Rodríguez es un reflejo del sufrimiento de miles de familias ecuatorianas que han perdido a sus seres queridos en medio de la violencia desatada por el conflicto armado interno. Su historia es un llamado urgente a las autoridades para que revisen las políticas implementadas y garanticen que los derechos humanos sean respetados en todo momento.
Mientras tanto, la lucha por justicia continúa, no solo para los Rodríguez, sino para todas las víctimas de abusos cometidos en nombre de la seguridad nacional. Ecuador enfrenta un desafío crucial: encontrar un equilibrio entre combatir el crimen organizado y proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
