San Salvador, 12 de febrero de 2025 – La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles una reforma a la Constitución que elimina la financiación pública de los partidos políticos para las elecciones. La reforma, impulsada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por su partido, deroga el artículo 210 de la Carta Magna, que reconocía «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».
La derogación fue aprobada con los votos de 58 de los 60 diputados presentes en el Congreso y debe ser ratificada en una segunda votación para entrar en vigencia. Esto podría ocurrir pronto, gracias a una enmienda aprobada en enero que permite realizar reformas exprés a la Constitución. El decreto argumenta que los recursos utilizados para financiar las campañas electorales «deben ser destinados para atender las necesidades más urgentes», como salud y educación. Además, señala que «subsidar a los partidos políticos resulta en un uso ineficiente del dinero público» y «genera rechazo hacia el sistema político y sus instituciones, debilitando la democracia».
La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, criticó duramente la medida y acusó al oficialismo de utilizarla como pretexto para consolidar cambios exprés a la Constitución. «Lo que quieren es justificar y empezar a usar este mecanismo exprés para poder cambiar la Constitución» y eliminar «los candados que le pone la Constitución al poder», declaró Ortiz. La legisladora también denunció el uso de recursos públicos por parte de Nuevas Ideas para propaganda y campaña, señalando que solo el partido oficialista ha recibido más de 27 millones de dólares de esta deuda política. Ortiz exigió que dichos fondos sean devueltos al Estado.
La iniciativa de Bukele ha sido catalogada por algunos sectores como una «cortina de humo» ante la caída en su popularidad, la cual alcanzó su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2019. Según una encuesta realizada por la privada Universidad Francisco Gavidia (UFG), la población aprobó la gestión de Bukele en 2024 con una nota de 7,73 en una escala de 0 a 10. Este descenso es atribuido, entre otros factores, a la reciente reversión de la prohibición minera, una medida que había sido celebrada en el pasado pero que ahora ha generado controversia tras ser aprobada nuevamente por el órgano legislativo bajo la propuesta del mandatario.
Para Eduardo Escobar, director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, «pese a que la medida puede ser parte de una cortina de humo, va a tener un impacto en el sistema de partidos». Escobar consideró que esta reforma se enmarca en «una lógica de un sistema de partido hegemónico», lo que podría consolidar aún más el control político de Nuevas Ideas en el país.
La eliminación del financiamiento público a partidos políticos representa un cambio significativo en el sistema electoral salvadoreño y ha generado debate sobre sus implicaciones para la democracia y la pluralidad política en el país. Mientras algunos ven la medida como un paso hacia una mejor asignación de recursos públicos, otros advierten que podría profundizar la concentración de poder en manos del oficialismo.
