San Salvador, 25 Mar.- El Salvador cumple esta semana cuatro años bajo un régimen de excepción implementado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras la mayor escalada de asesinatos de la historia reciente del país. La medida, destinada a combatir a las pandillas, ha sido respaldada por la población por la reducción histórica de homicidios, aunque es cuestionada por miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
1. Origen y continuidad
El régimen fue aprobado por la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas luego de un fin de semana con más de 80 homicidios, consecuencia de la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas, según investigaciones de El Faro. Desde entonces, se ha ampliado 48 veces, convirtiéndose en un mecanismo de control social según analistas.
2. Suspensión de derechos y detenciones masivas
El régimen contempla la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa, con detención administrativa de hasta 15 días. Las reformas legales permiten procesos penales colectivos por pandillas y han llevado a más de 91.300 detenciones de supuestos pandilleros, con más de 107.000 reclusos en las cárceles del país.
3. Denuncias de violaciones y muertes en prisiones
Organizaciones humanitarias han documentado al menos 6.889 denuncias de violaciones a derechos humanos, con detenciones arbitrarias en el 98 % de los casos y participación policial en el 75 % de los atropellos. Bukele reconoció que aproximadamente 8.000 personas detenidas son «inocentes», pero permanecen en procesos judiciales.
4. Amplio respaldo popular
Encuestas muestran que cerca del 85 % de la población respalda la continuidad del régimen. La aprobación del presidente Bukele alcanzó un 91,9 % al cierre de 2025, impulsada principalmente por la mejora en seguridad.
5. Posibles crímenes de lesa humanidad
Un informe de GIPES presentado ante la CIDH y la ONU alerta que algunas violaciones a derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Bukele criticó el documento, aunque el informe no solicita la liberación de todos los detenidos, sino la creación de mecanismos excepcionales para liberar a quienes fueron capturados sin pruebas.
Este balance muestra un país dividido entre la percepción de seguridad lograda y las denuncias de abusos masivos en el marco del régimen de excepción, un debate que continúa marcando la agenda política de El Salvador.
