Asunción, 12 de febrero de 2025 – El gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó ser el “principal interesado” en esclarecer las denuncias sobre una serie de presuntas irregularidades que han sacudido el sistema judicial y político del país tras la filtración de mensajes que exponen una supuesta red de tráfico de influencias, corrupción e incluso vínculos con el narcotráfico en las más altas instituciones.
El caso, sobre el cual Peña ha evitado pronunciarse públicamente hasta ahora, se refiere a una investigación abierta por la fiscalía tras la revelación de conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante una redada policial en agosto pasado, y diversos funcionarios, magistrados, legisladores y fiscales. La trama también involucra a varios miembros del gabinete ministerial.
“El presidente es el primero interesado en que esta investigación se realice como debe ser”, dijo en una rueda de prensa la representante del gobierno ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Alicia Pucheta, en medio de una jornada clave tanto en el Parlamento como en el ámbito judicial que definirá los rumbos de las pesquisas.
La fiscalía abrió la semana pasada una investigación después de que el juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, remitiera un informe detallando el contenido extraído del celular del diputado fallecido, que destapó una presunta trama de coimas, intercambio de favores y tráfico de influencias. En el documento, el magistrado señala la existencia de indicios de corrupción pública y otros delitos al revelar presuntas conversaciones entre el legislador y varias autoridades, obtenidas durante la pericia de aparatos electrónicos de Gomes tras su muerte.
Entre los funcionarios que habrían mantenido conversaciones con el legislador figuran importantes nombres del gabinete de Peña, incluyendo al ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz; la directora de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Liliana Alcaraz, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid. Esto llevó a que diversos parlamentarios instaran al mandatario a apartar a los funcionarios mencionados de sus cargos mientras duren las investigaciones.
El miércoles, el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, rompió el silencio de Peña y dijo en una rueda de prensa que el mandatario está “al tanto” de los hechos y que “no le va a temblar la mano para tomar las medidas pertinentes” en caso de que se confirme cualquier irregularidad. Aclaró además que los ministros mencionados en las investigaciones “van a dar sus versiones” ante la Justicia y “van a explicar con relación a los chats en los que se nombra”.
La difusión de los mensajes y la consiguiente apertura de una causa judicial han alcanzado también a parlamentarios, entre ellos el diputado Orlando Árevalo, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quien renunció a su escaño en el Parlamento. Además, fiscales y al menos tres jueces enfrentan un sumario administrativo ordenado por la Corte Suprema paraguaya en el marco de las investigaciones.
Entre los delitos investigados figuran corrupción pública, pago de coimas, pedidos de favores, tráfico de influencias, blanqueamiento, lavado de dinero y vínculos con grupos de narcotráfico, según indicó el Ministerio Público.
El entonces parlamentario “Lalo” Gomes, diputado por el Partido Colorado —formación del expresidente Horacio Cartes (2013-2018)— fue abatido en agosto pasado durante un operativo policial de allanamiento en su residencia, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una red de narcotraficantes de Brasil. Gomes también era investigado por presuntas irregularidades en sus cuentas declaradas al fisco.
