San Salvador, 26 dic (EFE).- Un 90,5 % de la población salvadoreña considera que la minería metálica no mejorará la situación económica del país, de acuerdo con una encuesta difundida este jueves por el Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana. El estudio también muestra que casi la totalidad de los ciudadanos encuestados reconoce los riesgos ambientales que conlleva esta práctica, mientras que solo un porcentaje muy bajo cree en posibles beneficios económicos.
El sondeo revela que únicamente un 6,5 % de los encuestados cree que la minería contribuirá ligeramente a mejorar la economía nacional, y un reducido 3 % considera que su impacto será significativo. En términos generales, un 82,1 % de los salvadoreños opina que la minería no traerá ninguna mejora para el país, mientras que un 14,6 % prevé un beneficio leve y apenas un 3,3 % confía en su efecto positivo.
Por otro lado, el estudio indica que un 47,4 % de los consultados tiene cierto nivel de conocimiento sobre la minería metálica, un 47,2 % admite saber poco al respecto y solo un 5,4 % manifiesta no tener información. Sin embargo, un 95,5 % de los encuestados afirma comprender los daños potenciales que esta actividad podría ocasionar al medio ambiente y a las comunidades.
Los resultados se basan en entrevistas realizadas entre el 8 y el 12 de diciembre a 1.001 personas mayores de 15 años y provenientes de diferentes regiones del país, con un margen de error de 4 puntos porcentuales.
En un estudio separado, llevado a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA), se concluyó que el 60 % de los ciudadanos cree que El Salvador no es un país adecuado para la explotación minera. Además, el 61 % de los encuestados coincide en que la minería tendría un impacto negativo en el medio ambiente.
La aprobación reciente de la Ley General de Minería Metálica por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, ha generado polémica y rechazo en diversos sectores. Esta nueva normativa, promovida por el gobierno de Nayib Bukele, reemplaza la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017, que había sido considerada un hito en la protección ambiental del país.
Organizaciones ambientalistas advierten que la minería metálica podría afectar a unos 4 millones de personas en regiones rurales de los departamentos de Cabañas, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. También se teme un impacto grave en la cuenca del río Lempa, que abarca un área total de 17.790 kilómetros cuadrados, de los cuales más de 10.000 corresponden a El Salvador. Este río es vital para el suministro de agua de millones de habitantes en el país y en zonas de Honduras y Guatemala.
En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, una medida que fue celebrada como un avance histórico en la defensa del medio ambiente. No obstante, el actual gobierno considera que la minería podría generar ingresos económicos significativos, aunque enfrenta una fuerte oposición de comunidades, organizaciones y sectores académicos que temen graves consecuencias ambientales y sociales.
