San Salvador, 24 dic. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes una nueva ley que permite la exploración y explotación minera en el país, derogando la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que estaba en vigor desde 2017. La nueva Ley General de Minería Metálica fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso, incluidos los miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.
La legislación, que consta de 35 artículos, regula las actividades relacionadas con la minería metálica, como la prospección, exploración, extracción, procesamiento y comercialización de recursos minerales en el territorio nacional, incluido el dominio marítimo. Según la normativa, el Estado será el único autorizado para llevar a cabo estas actividades, ya sea a través de instituciones estatales o mediante sociedades con participación estatal.
El presidente Nayib Bukele ha impulsado esta legislación como parte de su política de fomentar el desarrollo económico del país. Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte oposición por parte de ambientalistas, organizaciones comunitarias, algunas iglesias y universidades, que han advertido sobre los posibles impactos negativos en las comunidades rurales y el medioambiente.
A pesar de las críticas, los legisladores han defendido la ley, destacando la creación de empleos y los beneficios económicos que la minería podría generar. No obstante, los opositores a la ley, como el ambientalista Luis González, han señalado que la ley no garantiza que solo el Estado gestione la minería, pues abre la puerta a asociaciones público-privadas y a la participación de empresas transnacionales. Además, a pesar de que la ley prohíbe el uso de mercurio, sigue siendo permitido el uso del cianuro en la extracción de metales como oro y plata, un compuesto químico considerado altamente tóxico para el agua, la salud y la vida humana.
Esta nueva ley anula la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que había sido aprobada en 2017 bajo el argumento de que la minería representaba una amenaza para el desarrollo y el bienestar de las familias salvadoreñas.
