Lima, 10 dic.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció sobre el reciente asesinato de una menor en Villa El Salvador, condenando enérgicamente el crimen y proponiendo abrir un debate nacional para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores. Esta medida, sin embargo, enfrenta un obstáculo legal, ya que Perú es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, que prohíbe la implementación de esta pena.
“Es momento de tomar medidas drásticas. Propongo que, ante hechos de esta magnitud, debatamos la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que personas como estas caminen libres por nuestras calles”, expresó Boluarte durante un evento en la Fuerza Aérea del Perú, donde realizó un minuto de silencio en memoria de la víctima.
Llamado a reforzar la justicia y la protección
La mandataria instó a las autoridades judiciales a garantizar que los agresores sexuales no reciban beneficios legales que les permitan salir en libertad. Además, exhortó a la Policía Nacional a fortalecer las herramientas para proteger a los niños y niñas, quienes describió como “lo más sagrado e intocable para las familias peruanas”.
El caso de la menor asesinada ha generado indignación nacional, especialmente después de que la familia denunciara la inacción policial al momento de reportar su desaparición. Esta situación recuerda otros casos similares, como el de Sheyla Cóndor, en los que la falta de respuesta inmediata ha sido duramente criticada.
Antecedentes y posturas sobre la pena de muerte
La propuesta de Boluarte se alinea con declaraciones previas del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien afirmó estar dispuesto a evaluar esta medida para delitos graves como la violación de menores y el sicariato. Durante su interpelación en el Congreso, el ministro señaló que, aunque defensor de los derechos humanos, siente consternación personal ante estos crímenes.
“Entiendo la preocupación del congresista Jorge Montoya, quien ha insistido en la necesidad de modificar la legislación para permitir la pena de muerte en casos de extrema gravedad. Aunque requiere un proceso legislativo complejo, considero que es un tema que debe ser revisado”, indicó Arana.
Implicaciones legales y sociales
La implementación de la pena de muerte en Perú requeriría una reforma constitucional y el retiro del país del Pacto de San José, lo que podría tener repercusiones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, los recientes crímenes han avivado el debate sobre la necesidad de medidas más severas para combatir la violencia contra menores.
El caso de Villa El Salvador ha puesto en evidencia nuevamente las deficiencias del sistema de justicia y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta frente a delitos graves. La propuesta de Boluarte, aunque controversial, refleja el clamor social por mayor seguridad y justicia.
