Nueva York, 14 nov. – Maribel Hidalgo, una migrante venezolana, recuerda con angustia su largo y arduo viaje hacia Estados Unidos junto a su hijo pequeño, huyendo de la crisis política y económica de Venezuela. Tras atravesar el peligroso Tapón del Darién y viajar en tren por México, llegó a su destino con la esperanza de poder vivir y trabajar legalmente bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio otorgado a miles de inmigrantes de países como Venezuela, Haití, Afganistán y Sudán, entre otros.
Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del TPS crece, especialmente con la llegada al poder de Donald Trump, quien, junto con su compañero de fórmula JD Vance, ha prometido poner fin a los permisos masivos de permanencia temporal. Ambos políticos han sugerido reducir el uso de este programa que actualmente beneficia a más de 1 millón de inmigrantes en Estados Unidos, con declaraciones alarmantes y sin pruebas que han alimentado los temores de miles de personas como Hidalgo.
“El TPS era mi única esperanza, mi protección”, comentó Hidalgo, visiblemente preocupada por la posibilidad de ser deportada después de todo lo que ha sufrido para llegar a Estados Unidos. Con su hijo, ahora de 2 años, durmiendo cerca de ella, la migrante expresó que teme ser enviada de vuelta a un país devastado por la crisis, donde la violencia y la inestabilidad política hacen imposible la vida.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, constituyen los grupos más numerosos de beneficiarios del TPS, y todos tienen mucho en juego. Mientras tanto, la situación en sus países de origen sigue empeorando. En Haití, las pandillas continúan extendiendo su control, con un reciente tiroteo contra un vuelo comercial que aterrizaba en Puerto Príncipe. La violencia ha hecho que el aeropuerto internacional de Haití cierre temporalmente, aumentando la ansiedad entre la diáspora haitiana.
El TPS, que otorga un alivio temporal de hasta 18 meses a los migrantes de países afectados por guerras, desastres naturales o violencia, es una salvaguarda vital para muchos. Pero su futuro es incierto, especialmente si Trump regresa a la Casa Blanca. Aunque el TPS no es una vía directa hacia la residencia permanente, los beneficiarios pueden cambiar su estatus a través de otros procesos migratorios. Sin embargo, su eliminación o restricción podría llevar a miles de deportaciones, con consecuencias devastadoras para las familias que han vivido en Estados Unidos durante años.
El abogado de inmigración Ahilan T. Arulanantham, quien ha luchado contra los intentos previos de la administración Trump de poner fin al TPS, advirtió que es probable que haya nuevos desafíos legales si el presidente electo toma medidas contra el programa. “Nada en la historia de Trump sugiere que les importarían tales consideraciones económicas o morales”, expresó, destacando el potencial impacto negativo de una política que podría despojar de su permiso de trabajo a más de un millón de personas.
A pesar de los temores, algunos defensores están presionando a la administración de Joe Biden para que otorgue nuevas designaciones de TPS, especialmente para los nicaragüenses que aún no tienen protección ante la violencia política en su país. Elena, una nicaragüense que lleva 25 años sin papeles en Estados Unidos, espera que la Casa Blanca actúe rápidamente para brindar alivio a aquellos que huyen de la opresión y la violencia.
La incertidumbre sobre el futuro del TPS es una preocupación constante para miles de inmigrantes en Estados Unidos, quienes, como Hidalgo, temen ser despojados de su única oportunidad de protección legal, mientras continúan luchando por construir una vida mejor lejos de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen.
