París, 13 de noviembre de 2024 – La líder de la extrema derecha en Francia, Marine Le Pen, se encuentra en una encrucijada judicial que podría afectar seriamente sus ambiciones presidenciales para 2027. En las últimas semanas, ha centrado toda su energía en defenderse de las acusaciones de malversación de fondos del Parlamento Europeo que involucran a su partido, la Agrupación Nacional (AN), antes conocido como Frente Nacional.
Le Pen enfrenta cargos junto a 25 miembros de su partido, acusados de desviar dinero destinado a asistentes parlamentarios de la UE para pagar a empleados del partido entre 2004 y 2016, en lo que se considera una violación de las regulaciones del bloque europeo. La fiscalía ha descrito el caso como un fraude de “alcance, duración y naturaleza organizada, automática y sistemática sin precedentes”, y subraya el daño significativo que estos actos habrían causado al sistema democrático.
Durante el juicio, Le Pen ha mostrado una actitud desafiante y decidida, a menudo visible en su postura enérgica en el tribunal, donde no ha dejado de expresar su desacuerdo con las acusaciones. A pesar de anticipar un veredicto de culpabilidad, la política de 56 años ha insistido en que las acusaciones en su contra son infundadas y que las prácticas del partido fueron legítimas y en línea con las reglas de la época.
La fiscal Louise Neyton ha declarado que la investigación ha dejado en claro que las acusaciones contra Le Pen son gravísimas, con un fraude que podría ascender a unos 4,5 millones de euros. De ser hallada culpable, Le Pen y sus coacusados enfrentan hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 1 millón de euros cada uno. Además, una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos podría complicar aún más su futuro político, algo que Le Pen teme profundamente.
A lo largo del juicio, la acusada ha negado que hubiera un sistema organizado para desviar fondos a su partido, argumentando que las funciones de los asistentes parlamentarios eran diversas y relacionadas con las actividades políticas del partido, y no exclusivamente con tareas vinculadas a las funciones parlamentarias.
En sus intervenciones, Le Pen ha mostrado un claro desafío hacia el tribunal, insistiendo en que las reglas de la UE eran mucho más flexibles en aquel entonces. Sin embargo, las pruebas presentadas por los fiscales sugieren que muchos de los asistentes parlamentarios no trabajaban para la eurocámara, sino para la Agrupación Nacional.
Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, Le Pen ha mantenido una postura firme, preparando el terreno para una posible condena. Fuera del tribunal, hizo referencia al caso de Donald Trump, sugiriendo que una condena penal no necesariamente interfiere con las ambiciones políticas a largo plazo, como quedó demostrado por la carrera del expresidente de Estados Unidos.
El veredicto final se espera para las próximas semanas, con una posible decisión que podría tener un impacto decisivo no solo en el futuro judicial de Le Pen, sino también en sus aspiraciones presidenciales.
