Lima, 10 oct.- Los transportistas bloquearon este jueves las calles de Lima por segunda vez en tres semanas, exigiendo mayor seguridad y denunciando las constantes amenazas de extorsión y violencia que sufren. Esta protesta ha ganado apoyo de otros sectores como los pequeños comerciantes, y ha contado con la simpatía de la ciudadanía, que respalda sus demandas.
“Es indignante lo que está pasando, nos están matando”, declaró a EFE Jacqueline Vargas, una transportista del barrio popular Cerro Camote.
La crisis del transporte y la extorsión
Miles de transportistas recorren diariamente Lima y Callao, áreas que juntas albergan a un tercio de la población peruana. Muchos de ellos trabajan de manera informal en un país donde el 75% de la fuerza laboral carece de regulaciones formales. Los transportistas denuncian que están siendo extorsionados por montos que rondan los 7 soles (1,8 dólares), pagos que les exigen los delincuentes bajo amenaza de muerte.
“No solo sufrimos nosotros, también los vendedores ambulantes y los mercados”, indicó Vargas, subrayando que incluso los pequeños negocios, como las bodegas (tiendas de productos básicos), han sido víctimas de la extorsión.
La ciudad en pausa
Ante la paralización, las autoridades decidieron suspender las clases presenciales en Lima Metropolitana, medida adoptada también por las principales universidades del país. El Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores flexibilizar las políticas de asistencia para evitar complicaciones en el traslado de los trabajadores.
Pese a estas acciones, miles de trabajadores se encontraron con dificultades para llegar a sus centros de labores, mientras las fuerzas del orden se desplegaron en las calles para evitar incidentes. El Gobierno movilizó 14.000 policías y 4.000 militares, lo que fue criticado por algunos manifestantes, quienes aseguraron que la marcha se estaba llevando a cabo de manera pacífica.
Elkin Avendaño, residente de Huachipa, expresó: “Hoy sales de tu casa y no sabes si vas a volver”, reflejando la desesperación que muchos sienten ante la inseguridad que domina las calles de Lima.
La respuesta del Gobierno y la ineficacia de las medidas
Tras la primera protesta, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en 13 de los 43 distritos de Lima y en uno de Callao, una medida que ya se había utilizado en el pasado. Durante 2022, Lima y Callao estuvieron bajo estado de emergencia por 315 días, y esta medida fue renovada en septiembre de 2023 por el gobierno de Dina Boluarte, extendiéndose hasta principios de 2024.
Pese a ello, las críticas sobre la efectividad de estas acciones han sido constantes. Este jueves, el primer ministro Gustavo Adrianzén aseguró que, gracias al estado de emergencia, las extorsiones a los transportistas habían disminuido, pero reconoció que ahora el problema afecta a otros sectores, como los bodegueros.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Bodegueros denunció en septiembre que al menos 3.000 de sus negocios habían cerrado debido a la extorsión, lo que refleja la gravedad de la situación.
Mientras el gobierno y los manifestantes no logran un acuerdo claro, la inseguridad sigue siendo una preocupación creciente para la población limeña.
