Alcoy (Alicante), 10 oct.- Los familiares de los 74 mayores que fallecieron en la residencia DomusVi de Alcoy durante el primer mes de la pandemia de COVID-19 han solicitado la condena del centro por lo que consideran una “mortandad masiva” atribuible a la falta de higiene, personal y escasa precaución en las semanas iniciales del virus.
Este jueves, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy dejó visto para sentencia el juicio, que es el primero en España contra una residencia por su gestión durante la pandemia. La vista se celebró en la vía civil, con una petición de indemnización de 2,3 millones de euros por parte de 46 familiares de 18 de las víctimas.
Durante los meses de marzo y abril de 2020, 74 de los 138 mayores internos (un 52,9 por ciento) fallecieron en DomusVi Alcoy. Sin embargo, solo 18 familiares se han personado en el proceso, muchos por falta de recursos económicos para cubrir los gastos judiciales, mientras que otros optaron por pasar página ante la tragedia.
La abogada que representa a los familiares argumentó que la gestión en DomusVi Alcoy fue “negligente”, resaltando que “se priorizaba la economía de la empresa (Quavitae Servicios Asistenciales, matriz de DomusVi) sobre el bienestar” de los residentes. Afirmó que esta política condujo a una alta tasa de contagios y, en consecuencia, a fallecimientos prematuros, a pesar de los intentos de la defensa de trasladar que los mayores estaban destinados a morir.
La falta de cumplimiento de protocolos de seguridad fue otro punto destacado, ya que no se llevó a cabo la sectorización del centro para separar a los internos según sus síntomas. “Todos los residentes comían en la misma sala”, ejemplificó la letrada. También subrayó que el centro debía proporcionar 60 horas semanales de atención médica, pero en realidad solo ofreció 30, aumentando a 40 solo en la fase final del conflicto.
Los familiares subrayaron que, en comparación, la gestión de otra residencia cercana de DomusVi en Cocentaina no tuvo ningún fallecimiento por COVID-19 en el mismo período. Asimismo, expresaron su malestar por la falta de información durante la crisis, lo que generó un clima de “angustia y desconfianza” entre los allegados que esperaban fuera del centro.
“Se confiaron”, insistió la letrada en referencia a la dirección de DomusVi Alcoy, advirtiendo que “no se lo tomaron en serio” y que cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde.
Por su parte, la abogada de la residencia defendió que la acusación de negligencia carece de fundamento y consideró “ofensivo e insultante” que se atribuyera el caos a una falta de recursos económicos. Argumentó que no hubo incumplimiento de las ratios de personal, citando testimonios de familiares que afirmaron no tener quejas sobre la atención recibida.
La letrada también defendió que, en los primeros momentos de la pandemia, era complicado “sectorizar” a los mayores y que, cuando comenzaron los primeros fallecimientos el 16 de marzo de 2020, las autoridades solo recomendaban el uso de jabón y gel hidroalcohólico. No fue hasta el día 19 que se emitió una norma de sectorización.
Finalmente, la representante de la aseguradora Mapfre rechazó la cobertura del siniestro por la cifra de 2,3 millones de euros, calificándola de “escandalosa y ofensiva”, y reiteró que no se ha demostrado ninguna negligencia o mala praxis, así como que DomusVi había seguido todos los protocolos y recomendaciones sanitarias de forma diligente.