Madrid, 8 sep.- Los trabajadores extranjeros constituyen el 30% de la mano de obra en la agricultura española, un sector crucial que enfrenta una creciente demanda de personal. Este dato subraya la necesidad de reformas para facilitar su contratación, regular su estatus y prevenir abusos laborales.
Actualmente, alrededor de 227.000 inmigrantes trabajan en la agricultura en España, además de aquellos empleados en la industria agroalimentaria. Tanto empresarios como sindicatos reconocen la importancia de estos trabajadores, pero coinciden en que se requieren cambios para mejorar su integración en las zonas rurales y garantizar una regulación adecuada de su contratación.
Según el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, hay cerca de 200.000 afiliados extranjeros (199.669 hasta el 31 de julio), representando el 32,3% del total. De ellos, 149.353 son hombres y 50.316 mujeres. La mayoría proviene de fuera de la Unión Europea (UE), con países como Marruecos (79.691), Rumanía (32.746), Senegal (14.891) y Ecuador (7.889) liderando la lista.
Además, hay 27.239 afiliados extranjeros trabajando en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca dentro del Régimen General de la Seguridad Social y el régimen de trabajadores autónomos.
La contratación en origen, un procedimiento que permite a los trabajadores emigrantes trabajar en España por un número determinado de meses, ha demostrado ser efectiva. La campaña de frutos rojos en Huelva, por ejemplo, ha atraído a temporeras marroquíes y también ha abierto oportunidades en otros países, como Honduras y Ecuador. Estos trabajadores regresan a sus países una vez concluidas las campañas.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha firmado acuerdos con Mauritania, Gambia y Senegal para agilizar estos procesos y mitigar la crisis migratoria en las Islas Canarias, que ha visto más de 25.500 llegadas irregulares desde enero de este año.
Sin embargo, algunos trabajadores extranjeros en España se encuentran en situaciones irregulares, complicando su contratación. El Gobierno está reformando el reglamento de la ley de extranjería para simplificar el esquema de autorizaciones. Las organizaciones agrarias solicitan soluciones para abordar la falta de mano de obra, incluyendo la revisión del criterio de “arraigo”, que requiere pruebas difíciles de obtener para los emigrantes.
Montserrat Cortiñas, vicesecretaria general de la organización agraria UPA, aboga por una regularización que facilite la inserción de mano de obra extranjera en las zonas rurales. Destaca que los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades para asumir los costes de contratación, especialmente en situaciones imprevistas como tormentas que pueden afectar las cosechas.
Sebastián Serena, secretario sectorial agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, también subraya la relevancia de los inmigrantes en el sector agrícola y valora las experiencias de contratación en África y Latinoamérica. No obstante, señala que la presencia de trabajadores ilegales en el sector sigue siendo un problema, con riesgos de abusos laborales. Los trabajadores inmigrantes en la industria alimentaria, en contraste, suelen estar empleados con contratos legales y condiciones laborales reguladas.
