Los Ángeles (EE.UU.), 3 sep.- Los republicanos han logrado frenar en la justicia una medida del Gobierno del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. Esta acción ocurre en un momento crucial, a menos de dos meses de las reñidas elecciones de noviembre, y ha generado controversia entre analistas y activistas.
El programa en cuestión, denominado Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), tenía como objetivo proporcionar estatus legal a cónyuges y hijastros de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, una demanda presentada por los gobernadores de 16 estados republicanos, liderados por Texas, ha logrado que un juez suspenda temporalmente las solicitudes justo antes de la apertura de inscripciones por parte del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
Raúl Hinojosa, profesor de Estudios Chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), criticó la postura de los republicanos, afirmando que al oponerse a esta medida, están ignorando los intereses de los ciudadanos estadounidenses afectados por el programa. “Se están peleando con los votantes por seguir la ideología antiinmigrante de Donald Trump. No les importa si pierden los votos de esos ciudadanos estadounidenses afectados”, dijo Hinojosa.
La activista Angélica Salas, directora de Chirla Action Fund, también expresó su descontento, subrayando que la oposición republicana a este programa refleja un tinte político que busca bloquear cualquier medida migratoria positiva, independientemente de su impacto en las familias. “Lo más oscuro de esta batalla legal es el tinte político de oponerse a toda medida migratoria positiva simplemente porque el partido que lo propone es el opuesto”, agregó Salas.
Miguel Tinker Salas, analista político y profesor en la Universidad Pomona, añadió que la demanda contra este programa migratorio se suma a una serie de acciones republicanas contra políticas que benefician a grupos específicos de votantes. “Son decisiones calculadas para satisfacer a su base política, sin importarles que van a sacrificar a otros votantes. No les interesa escuchar razones”, afirmó Tinker Salas.
El programa propuesto por la Administración Biden estimaba que alrededor de 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 50,000 hijastros podrían beneficiarse de una regularización. No obstante, los republicanos argumentan que el programa permitiría a 1.3 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales más de 200,000 residen en Texas, obtener beneficios migratorios “ilegales”.
Hinojosa criticó esta postura, señalando que oponerse a la regularización de estos inmigrantes no solo atenta contra las familias, sino también contra la economía del país. Además, destacó que los votantes siguen favoreciendo una reforma migratoria que permita a los inmigrantes indocumentados permanecer en EE.UU. legalmente.
Una encuesta reciente del Centro Pew muestra que el 59% de los votantes registrados apoya permitir que los inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU. permanezcan en el país legalmente.
María Teresa Kumar, directora de Voto Latino, consideró que la oposición republicana a este programa es una amenaza para la comunidad latina y la democracia en general. Mientras tanto, la organización America First Legal, liderada por Stephen Miller, exasesor de política migratoria del expresidente Trump, celebró el bloqueo temporal del programa como una victoria en su batalla judicial contra las políticas de Biden.
El debate en torno a este tema refleja la complejidad de la política migratoria en EE.UU. y su impacto en la contienda electoral, donde las decisiones de los legisladores y las acciones legales pueden tener consecuencias significativas en el resultado de las elecciones de noviembre.
