Lima, 10 agosto – La Justicia peruana ha confirmado la anulación de la acusación penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en relación con el caso de las esterilizaciones forzadas, al rechazar una apelación presentada por el Ministerio Público. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria emitió esta resolución, desestimando la apelación y dejando sin efecto el avance del proceso entre 2021 y 2023.
El Poder Judicial ratificó la decisión de anular el “auto de apertorio de instrucción” del caso y devolvió el proceso a la etapa de presentación de la denuncia penal por parte de la Fiscalía. La resolución, emitida el 22 de julio, fue notificada recientemente, reafirmando el retorno del caso a su estado previo.
Contexto del caso
Durante el segundo mandato de Fujimori, entre 1995 y 2000, el Gobierno peruano implementó un Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, que realizó esterilizaciones a más de 200,000 personas, principalmente quechuahablantes, pobres y campesinas. Estas prácticas han sido objeto de múltiples investigaciones y litigios en Perú, que han incluido a Fujimori y a varios ministros de Salud que supuestamente dieron instrucciones para ejecutar el programa.
Reacciones y consecuencias
A principios de diciembre de 2023, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud para ampliar la denuncia por esterilizaciones forzadas, declarando nulo el proceso que había comenzado en 2021 y regresándolo a la etapa de octubre de 2018. Esta decisión provocó críticas de organizaciones sociales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH exhortó al Estado peruano a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas. En un comunicado, el organismo expresó su preocupación por los efectos de la decisión en la celeridad y diligencia debida en casos de violencia de género y el acceso a la justicia para las víctimas.
“La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres”, indicó el organismo en la red social X. Añadió que se preocupa por los efectos de la anulación del auto de apertura de instrucción y la necesidad de una debida diligencia reforzada en casos de violencia de género.
