Toronto, 28 julio.- La crisis de adicción a los opioides sigue siendo un desafío importante en Canadá, y el debate sobre cómo debe abordar el gobierno federal esta crisis ha intensificado las diferencias entre liberales y conservadores.
El líder conservador Pierre Poilievre ha afirmado que el gobierno tiene un “plan secreto” para legalizar las drogas duras a nivel nacional. Sin embargo, estas afirmaciones se basan en una interpretación errónea de un informe publicado recientemente. El documento federal, que fue elaborado para la comparecencia de la ministra de Salud Mental y Adicciones, Ya’ara Saks, detalla la despenalización nacional como una opción para combatir la epidemia de opioides, pero no aboga por la legalización de drogas duras. La despenalización, a diferencia de la legalización, implica reducir las sanciones penales relacionadas con la posesión de pequeñas cantidades de drogas para uso personal, pero no autoriza su venta o distribución.
Poilievre ha utilizado este informe como base para sus afirmaciones, publicando repetidamente en redes sociales y en mensajes de recaudación de fondos que el gobierno del NDP-Liberal está ocultando un plan de despenalización a nivel nacional. Aseguró que este plan ha sido ocultado intencionalmente hasta después de las elecciones para evitar que los canadienses se enteren.
La oficina de Ya’ara Saks ha aclarado que el documento en cuestión es un paquete informativo preparado para una comparecencia ante un comité de la Cámara en junio y que se publicó en el portal de gobierno el 19 de julio. El informe incluye una breve mención sobre la despenalización, enfatizando que cualquier plan debe estar basado en la evidencia y contar con una supervisión adecuada.
Desde 2022, el gobierno federal ha concedido una exención a la Ley de Sustancias y Drogas Controladas en Columbia Británica, permitiendo un proyecto piloto para la despenalización de la posesión de algunas drogas duras. Este proyecto, que comenzó en enero de 2023, ha sido seguido de cerca, pero el gobierno federal rechazó una solicitud similar de la ciudad de Toronto debido a la falta de apoyo del gobierno provincial de Ontario.
El Primer Ministro Justin Trudeau ha señalado que cualquier expansión de la despenalización requeriría solicitudes formales de las provincias y una evaluación basada en la ciencia y la evidencia. En contraste, los conservadores critican este enfoque y proponen un mayor énfasis en el tratamiento y la recuperación, sugiriendo que el actual enfoque liberal ha fallado en controlar la crisis.
El debate también ha puesto en relieve la necesidad de discutir el uso y la efectividad de los fondos federales destinados a iniciativas de salud mental y tratamiento de sustancias, que han superado los 2.600 millones de dólares. La cuestión sigue siendo si estos fondos se están utilizando de manera efectiva y cuánto más se necesita para abordar adecuadamente la crisis.
En resumen, mientras el gobierno liberal se enfoca en un enfoque basado en la evidencia y la colaboración con las provincias, los conservadores abogan por un cambio más radical, centrado en el tratamiento y la recuperación, lo que refleja una diferencia significativa en la estrategia para enfrentar la crisis de opioides en Canadá.