Barcelona, 2 de julio de 2024.- En un suceso que refleja la desesperación provocada por la crisis de vivienda en Barcelona, dos hermanas de 64 y 54 años se quitaron la vida justo horas antes de ser desahuciadas de su piso por acumular una deuda de 9.000 euros en alquileres impagados. Este incidente ha vuelto a poner en primer plano la severidad de la presión inmobiliaria en una ciudad donde, a pesar de las medidas adoptadas, el precio medio del alquiler alcanza los 1.200 euros.
Las hermanas, que habían dejado de pagar el alquiler en 2021 tras la muerte de su madre por covid, eran desconocidas tanto para las organizaciones de ayuda a la vivienda como para muchos en su barrio. La mayor de ellas, Núria, era la única que mantenía algún contacto con el exterior, realizando compras y otros recados, mientras que la más joven llevaba años sin salir de casa.
Los vecinos del edificio expresaron su sorpresa y desconcierto ante la noticia, indicando que no tenían conocimiento de la grave situación económica y emocional en la que se encontraban las hermanas. “La noticia nos ha cogido por sorpresa porque no nos lo esperábamos ni imaginábamos que estuvieran en esa situación”, comentó una vecina que ha vivido en el mismo edificio durante unos treinta años.
Los servicios municipales de Vivienda, que intentaron contactar a las hermanas para realizar un informe de vulnerabilidad, nunca recibieron respuesta. Este lunes, después del trágico evento, especialistas del consistorio se desplazaron al lugar para ofrecer apoyo psicológico a los vecinos afectados.
Este es el segundo caso de suicidio por desahucio que se registra en Cataluña en 2024, después de que un hombre de 70 años en Sabadell se quitara la vida tras ser desahuciado de la vivienda donde había vivido durante treinta años. Organizaciones como el Sindicat de Llogateres y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona han condenado estos hechos y han convocado a una concentración para denunciar estas muertes como “asesinatos” más que suicidios.
Este trágico suceso resalta la urgencia de abordar la crisis de vivienda y la necesidad de proteger a los más vulnerables de la sociedad frente a un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible.
