Madrid, 2 de julio de 2024.- En una decisión que ha intensificado el debate sobre la amnistía política en España, el Tribunal Supremo, bajo la dirección del juez Pablo Llarena, ha decidido no perdonar el delito de malversación de caudales públicos imputado al expresidente catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers. Además, ha resuelto mantener activas las órdenes nacionales de detención contra ellos, complicando aún más la situación política en Cataluña.
La Sala de lo Penal del alto tribunal también ha decidido no aplicar la amnistía a otros líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por su papel en el proceso independentista catalán, conocido como el ‘procés’. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras, figura clave del movimiento independentista.
Este fallo sigue a una controversia legal y política prolongada sobre cómo manejar las consecuencias legales del intento de independencia de Cataluña en 2017. Los líderes condenados habían esperado que las recientes iniciativas de amnistía les permitieran evitar sanciones adicionales y potencialmente regresar a la política activa.
El juez Llarena y la Sala han basado su decisión en la interpretación de que las acciones de Puigdemont y otros no solo buscaban un beneficio personal indirecto, sino que también podrían haber afectado adversamente los intereses financieros de la Unión Europea. Según el Tribunal, el uso de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre no respondía a ningún interés público legítimo y violaba directivas constitucionales y judiciales existentes.
La resolución ha generado una respuesta inmediata de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha anunciado que presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ERC ha calificado las decisiones del Supremo como “surrealistas” y un claro intento de “saltarse la ley”, anunciando que actuarán en consecuencia.
Por su parte, Carles Puigdemont ha respondido a la decisión del Supremo con una crítica mordaz, refiriéndose a ella como “La Toga Nostra” en sus redes sociales, lo que indica su percepción de que las decisiones judiciales están políticamente motivadas.
Este es el segundo caso en el año en que el Tribunal Supremo español se enfrenta a dilemas legales y morales significativos relacionados con el movimiento independentista catalán. La continuidad de las órdenes de detención y la negativa a aplicar la amnistía mantienen en vilo la política española, especialmente con respecto a las relaciones entre Cataluña y el gobierno central.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros grupos de defensa han convocado a manifestaciones para protestar contra estas decisiones, lo que subraya la profundidad de las divisiones políticas y sociales que el ‘procés’ ha dejado en la sociedad española.
